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Amenazas escolares: 73 menores identificados y padres pagarían hasta $6 millones
En medio de una ola de amenazas en escuelas, una provincia identificó a 73 responsables. La mayoría son menores y las autoridades avanzan para que sus padres paguen los costos de los operativos.
POR REDACCIÓN
En un contexto de preocupación por amenazas en escuelas de todo el país, el gobierno de Santa Fe informó que ya identificó a 73 personas como responsables de los mensajes intimidatorios. La medida incluye avanzar en el cobro de los costos de los operativos desplegados durante las investigaciones.
De acuerdo al Ministerio Público de la Acusación, el 95% de los identificados son menores de edad. Por este motivo, las autoridades provinciales apuntan a que los adultos responsables afronten los gastos derivados de los procedimientos.
Entre el 15 y el 21 de abril se registraron unas 404 denuncias vinculadas a este tipo de hechos. En ese marco, se realizaron 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias, con el secuestro de celulares, armas blancas, armas de fuego, pistolas de aire comprimido y municiones de distintos calibres.
En el mismo período se contabilizaron 158 intervenciones relacionadas con amenazas en ámbitos escolares. Según datos oficiales, cada operativo implica un costo estimado de entre 5 y 6 millones de pesos, en función de los recursos humanos y logísticos utilizados.
Desde el gobierno provincial indicaron que el proceso de recupero se activa una vez identificados los responsables. A partir de allí, se inicia un expediente individual, se cuantifican los costos y se realiza una intimación formal de pago a los adultos responsables, con un plazo determinado para cumplir.
La secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, señaló que la decisión responde a la gravedad de los hechos. Además, indicó que se mantendrán las políticas educativas, de salud mental y de seguridad para abordar la situación en las escuelas.
En paralelo, la provincia de Córdoba adoptó una medida similar. Allí, el Ministerio de Seguridad dispuso que las familias de estudiantes involucrados en falsas amenazas afronten los costos de los operativos. Actualmente, hay 29 alumnos imputados por este tipo de episodios.