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Argentina rechazó que los fondos buitres usen datos de YPF en un nuevo juicio
La defensa argentina se presentó ante la jueza Loretta Preska para impedir que Burford utilice pruebas del juicio en Nueva York.
POR REDACCIÓN
El Gobierno Nacional y la petrolera YPF sumaron un nuevo capítulo en la batalla judicial que se libra en los tribunales de Nueva York. En una presentación ante la jueza Loretta Preska, la defensa argentina rechazó de plano el pedido de los demandantes, los fondos Petersen y Eton Park, financiados por Burford Capital, para utilizar información obtenida durante el proceso judicial en Estados Unidos en un eventual arbitraje ante el CIADI.
Según el escrito enviado por el estudio Sullivan & Cromwell el pasado 24 de abril, la documentación en disputa está protegida por un acuerdo de confidencialidad que limita su uso exclusivamente al litigio en suelo norteamericano. Para los abogados del país, la intención de los fondos contradice lo pactado y homologado por el tribunal hace casi seis años.
Un acuerdo que prohíbe su uso externo
La defensa fue tajante al señalar que el material de discovery (evidencia recolectada) fue entregado bajo condiciones estrictas. “La orden prohíbe expresamente la extraordinaria medida que los demandantes buscan”, afirmaron los letrados, recordando que la disposición vigente establece que las pruebas pueden ser utilizadas “únicamente para la tramitación o defensa de estas acciones” y “para ningún otro propósito”.
Desde la posición argentina, Burford Capital busca ahora “reescribir” estas reglas de juego para habilitar toda la evidencia recolectada en Nueva York en su estrategia de arbitraje ante el tribunal del Banco Mundial, tras los fallos adversos en los tribunales ordinarios.
Un planteo "prematuro"
Además de los argumentos contractuales, la defensa argentina cuestionó la oportunidad del planteo. Sostuvieron que el pedido de los fondos es "improcedente" y, sobre todo, "prematuro", dado que los demandantes aún no han iniciado formalmente el arbitraje ante el CIADI.
En este sentido, la posición oficial es que no existe ninguna razón procesal para anticipar una excepción a la orden de confidencialidad vigente para un proceso que todavía no existe. Con este movimiento, Argentina busca blindar la información estratégica del caso y evitar que los fondos buitre utilicen herramientas del derecho estadounidense para forzar un nuevo escenario de negociación internacional.