Echaron a un bombero de la Policía condenado por violencia de género

El Gobierno de San Juan resolvió exonerar de manera definitiva a Ariel Hernán López Vera, cabo del Cuerpo Técnico, Escalafón Bombero de la Policía provincial, quien había sido condenado en 2022 por un caso de violencia de género contra su pareja. La decisión se conoció mediante un decreto oficial que transformó la cesantía que pesaba sobre el efectivo en la máxima sanción disciplinaria dentro de la fuerza.

El hecho que originó el proceso ocurrió el 13 de marzo de 2022 y fue investigado por la Unidad Fiscal de Investigación CAVIG. El expediente penal avanzó por el sistema de Flagrancia y, apenas dos días después, el 15 de marzo, López Vera fue condenado a ocho meses de prisión de cumplimiento condicional como autor de los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, además de daño simple, en concurso real.

Como parte de la sentencia, la Justicia le impuso una prohibición de acercamiento de 200 metros respecto de la víctima y le prohibió mantener cualquier tipo de contacto con ella.

Paralelamente al proceso judicial, en abril de 2022 la Policía de San Juan inició un sumario administrativo para evaluar su permanencia en la institución. Durante ese procedimiento fue apartado de las tareas operativas y destinado a funciones administrativas, luego de que una evaluación de Sanidad Policial concluyera que no reunía las condiciones psicológicas necesarias para portar el arma reglamentaria ni desempeñar funciones de seguridad. A ello se sumó un informe de la Dirección Bomberos que calificó como "regular" su desempeño funcional.

En septiembre de 2023, el policía fue cesanteado y separado de las filas de la fuerza, aunque el expediente administrativo continuó su curso. Finalmente, las actuaciones determinaron que había incurrido en una falta administrativa grave, principalmente por la condena firme vinculada a violencia intrafamiliar y de género.

Con el decreto difundido esta semana, el Ejecutivo provincial resolvió convertir aquella cesantía en exoneración, la sanción más severa prevista para un integrante de la Policía de San Juan, lo que implica su expulsión definitiva de la institución.