Familias de víctimas del incendio en el penal de Bouwer exigen justicia

A casi dos meses del trágico incendio ocurrido en la Unidad Penitenciaria de Bouwer, en Córdoba, familiares de las internas fallecidas se movilizaron este martes para reclamar justicia y exigir que la investigación avance sobre eventuales responsabilidades del Estado en lo sucedido.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 20 de diciembre de 2025, cuando se desató un incendio en una celda de aislamiento. Allí se encontraban Agostina Guadalupe Pedraza, de 25 años, y María Flavia Ramallo, de 33, quienes murieron como consecuencia del fuego.

En el marco de la causa judicial, Valeria Soledad Romero, madre de Agostina, presentó un pedido formal para constituirse como querellante. “Queremos saber qué pasó realmente y que se haga justicia”, expresó, al insistir en que se determinen posibles irregularidades en el accionar del penal.

Según la querella, Pedraza estaba bajo custodia del Estado provincial sin condena firme y había sido trasladada a Bouwer para estar más cerca de su familia durante las fiestas. La representación legal sostiene que las condiciones dentro de la celda eran altamente riesgosas: colchones inflamables, la presencia de un presunto encendedor y matafuegos que no funcionaban correctamente.

A esto se suma, de acuerdo con el planteo de los familiares, una presunta demora en la apertura de las puertas por parte del personal de guardia. Allegados a las víctimas aseguraron que hubo pedidos de auxilio y que otras reclusas fueron evacuadas antes que ellas, lo que podría configurar abandono de persona o incluso homicidio agravado por abuso de función, según la hipótesis que se busca investigar.

Mientras la causa avanza en los tribunales provinciales, la querella solicitó una batería de medidas de prueba: revisión de los protocolos contra incendios, control de los registros de mantenimiento de los equipos de emergencia, identificación del personal de guardia, análisis de las cámaras de seguridad y peritajes técnicos sobre el lugar.

También reclamaron que se tomen testimonios a internas, testigos y personal médico para reconstruir con precisión lo ocurrido aquella madrugada. “La vida de Guadalupe estaba bajo responsabilidad del Estado. Ingresó con vida y salió sin vida. El Estado tenía el deber jurídico de garante sobre su integridad”, remarcaron desde la representación legal.