Gobierno facilita acceso de cooperativas al mercado de televisión paga

El Gobierno Nacional oficializó una serie de cambios normativos que facilitan el acceso de cooperativas, asociaciones civiles y otras entidades sin fines de lucro al mercado de servicios de radiodifusión por suscripción y tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Mediante el Decreto 433/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se modificaron los artículos 95 de la Ley 27.078 y 30 de la Ley 26.522, eliminando requisitos que, según el Poder Ejecutivo, obstaculizaban la competencia.

Una de las principales reformas es la eliminación de la necesidad de contar con un dictamen favorable de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) para operar en zonas donde ya exista otro prestador. Esto aplicaba especialmente a cooperativas de servicios públicos que buscaban ofrecer televisión por cable o internet, y que hasta ahora encontraban una barrera legal para ingresar al mercado.

El nuevo marco normativo también alcanza a cualquier persona jurídica sin fines de lucro que opere un servicio público con autorización estatal. Estas entidades deberán cumplir obligaciones como la separación contable entre el servicio público y el audiovisual, evitar subsidios cruzados y permitir el uso compartido de infraestructura bajo condiciones de mercado.

El decreto, además, suprime el procedimiento de oposición contemplado en el artículo 30 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo que según el Ejecutivo generaba demoras administrativas innecesarias, encarecía el ingreso de nuevos actores y duplicaba evaluaciones ya contempladas en otras normativas.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la medida señalando que se corrige “una anomalía” en la que se usaba al Estado y a la CNDC para frenar la competencia. “Era como si un almacenero que quisiera competir tuviera que pedir permiso a la CNDC para abrir”, graficó el funcionario. También señaló que esta traba regulatoria postergó durante años el avance de la fibra óptica en muchas regiones del país.

En cuanto al rol del Enacom, la nueva normativa fortalece su función como autoridad de aplicación, facultándolo para intervenir en disputas sobre infraestructura, controlar condiciones de mercado y evitar abusos por parte de nuevos operadores. Todo en el marco de la Ley de Bases N.º 27.742, que habilita al Poder Ejecutivo a modificar competencias estatales para simplificar procesos y aumentar la eficiencia.

Desde el Gobierno indicaron que el objetivo de estos cambios es fomentar la inversión, incentivar la competencia y ampliar la oferta de servicios TIC, con impacto directo en la mejora de calidad para los usuarios en todo el territorio nacional.