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Gobierno prorroga la emergencia ferroviaria y priorizará obras claves
El Gobierno argentino oficializó la extensión por dos años de la emergencia ferroviaria, hasta junio de 2028, con el objetivo de consolidar un plan de obras y mejoras en la red de trenes de pasajeros y de cargas antes de avanzar hacia su futura privatización.
POR REDACCIÓN
El Ejecutivo nacional prorrogó este viernes la Emergencia Ferroviaria por un plazo adicional de 24 meses, extendiendo su vigencia hasta junio de 2028 para los servicios de transporte ferroviario de pasajeros y cargas bajo jurisdicción nacional.
La prórroga, formalizada mediante la Resolución 12/2026 de la Secretaría de Transporte publicada en el Boletín Oficial, permite mantener el uso de herramientas excepcionales de gestión y continuar con el Plan de Acción iniciado en 2024, orientado a mejorar la seguridad operativa, la infraestructura ferroviaria y el material rodante antes de avanzar con una posible privatización del sistema.
El régimen de emergencia original fue dictado en junio de 2024 mediante un decreto que respondía al deterioro estructural de la red, y ya contemplaba la posibilidad de prorrogarse por única vez por hasta dos años adicionales, tal como ahora se concretó para dar previsibilidad y seguridad jurídica a las intervenciones en curso.
Desde su implementación, se priorizó un programa de obras, trabajos y contrataciones urgentes que incluyen más de 226 intervenciones y 60 acciones estratégicas para rehabilitar vías, renovar material rodante, modernizar señalamiento y fortalecer la infraestructura eléctrica, entre otras tareas destinadas a mejorar el servicio ferroviario.
Las autoridades sostienen que completar estas obras es clave para revertir años de desinversión y fallas operativas, así como para preparar al sistema ferroviario nacional para funcionar de manera más eficiente y atractiva de cara a futuros procesos de participación privada en su gestión.
La medida se anticipó cuatro meses antes de que venciera el plazo original del régimen, con el argumento de evitar escenarios de incertidumbre que puedan afectar la ejecución de las obras y garantizar la continuidad institucional de las acciones planificadas.