Instalarán tecnología para bloquear celulares en cárceles federales

El Gobierno nacional avanzó con una nueva medida de seguridad al autorizar la instalación de tecnología para detectar y bloquear teléfonos celulares en cárceles federales, con el objetivo de frenar delitos organizados desde el interior de los establecimientos penitenciarios. La decisión fue formalizada mediante la Resolución 336/2026 del Ministerio de Seguridad.

El sistema permitirá identificar dispositivos móviles activos dentro de los penales y anular su funcionamiento de manera puntual, evitando así que los internos utilicen celulares para coordinar estafas, amenazas u otros delitos. A diferencia de los antiguos inhibidores de señal, la nueva tecnología busca ser más precisa y no afectar la conectividad en las zonas cercanas a las cárceles.

Según se informó, el mecanismo se basa en herramientas avanzadas que pueden detectar, localizar y bloquear teléfonos específicos dentro de los establecimientos. Entre ellas se destaca el uso de sistemas tipo “IMSI Catcher”, que simulan antenas de telefonía celular para captar la señal de los dispositivos y desactivarlos.

La medida responde a una problemática creciente detectada en los últimos años, donde investigaciones judiciales comprobaron que desde las cárceles se organizaban maniobras delictivas, incluso mediante estructuras que funcionaban como verdaderos “call centers” del crimen.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que esta iniciativa busca reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales con integrantes detenidos, reforzando los controles intramuros y modernizando el sistema penitenciario. Además, se instruyó avanzar con la compra, instalación y mantenimiento de estos dispositivos tecnológicos en las unidades federales.

El marco legal vigente permite a los detenidos comunicarse con familiares y abogados por vías habilitadas, pero prohíbe el uso de teléfonos celulares dentro de los penales, por lo que el Estado debe garantizar mecanismos efectivos para impedir su utilización ilegal.

Con esta implementación, el Gobierno busca dar un paso más en la lucha contra el delito organizado, adaptando las herramientas de control a la evolución tecnológica que también utilizan las redes criminales.