Polémica por el control de recursos naturales del país por la armada estadounidense

El debate sobre el control y la administración de recursos estratégicos volvió a instalarse en el centro de la agenda política tras los cuestionamientos a un acuerdo firmado entre organismos de Argentina y Estados Unidos relacionado con la seguridad de presas e infraestructura hidráulica.

La controversia se concentra en un Memorándum de Entendimiento suscripto entre el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE), organismo vinculado al Comando Sur. Diversos sectores políticos y organizaciones advierten sobre las implicancias que podría tener este convenio en áreas consideradas estratégicas por su importancia energética, ambiental y productiva.

Uno de los focos de atención se encuentra en la provincia de Neuquén, donde estudios del Observatorio de la Tierra señalan una fuerte presencia de capitales estadounidenses en zonas cercanas a importantes recursos hídricos y embalses. Entre ellos figura el entorno de la represa Alicurá, una de las centrales hidroeléctricas clave de la región del Comahue.

Según esos informes, la concentración de tierras en sectores cordilleranos de alto valor ambiental y de disponibilidad de agua alimenta las preocupaciones sobre posibles proyectos vinculados al desarrollo tecnológico y a la instalación de centros de procesamiento de datos, una actividad que requiere importantes volúmenes de energía y recursos hídricos para su funcionamiento.

La discusión también trascendió la Patagonia. Legisladores del Parlamento del Mercosur impulsan un pedido de informes para conocer el alcance del acuerdo firmado con el organismo estadounidense y determinar si sus acciones podrían involucrar infraestructura compartida, cuencas binacionales o recursos de relevancia regional, como el Sistema Acuífero Guaraní.

La iniciativa fue presentada por el parlamentario Gabriel Fucks y solicita a la administración nacional detalles sobre la documentación que respaldó el convenio, los informes técnicos y jurídicos previos, el tipo de información compartida entre ambas partes y las cláusulas de confidencialidad establecidas en el entendimiento.

Entre los puntos que buscan esclarecer se encuentra la eventual participación del cuerpo de ingenieros estadounidense en la elaboración de normas o protocolos vinculados a la seguridad de presas y la infraestructura hidráulica del país, así como las posibles implicancias ambientales, estratégicas y tecnológicas derivadas de esa cooperación.

¿Cómo es el triángulo?

Los capitales de los Estados Unidos poseen en Neuquén cerca de 214.600 hectáreas, el 42,6% de todo el territorio extranjerizado de la provincia. De acuerdo al desagregado realizado por el Observatorio de la Tierra, la presencia dominante se concentra en Lácar (144.313 ha), Collón Curá (37.412 ha), Ñorquín (15.476 ha), Los Lagos (11.465 ha) y Huiliches (5.978 ha).

El capital estadounidense no se dispersa de manera azarosa, sino que repite un patrón de concentración en los departamentos cordilleranos de mayor valor hídrico y ambiental (Lácar, Collón Curá, Los Lagos, Ñorquín). En Lácar, el 30% de las tierras del departamento está bajo bandera de los EE.UU. Y en Collón Curá sobresalen las compras sobre la arteria central de la cuenca, afluente del río Limay y, posteriormente, del río Negro, cuyas aguas terminan desembocando en el océano Atlántico. 

El Observatorio de la Tierra les puso nombres a los dueños del triángulo de la extranjerización: “La familia Sharp al norte (Four Seasons), Ted Turner —fundador de CNN— al noreste, y Herman Lay —fundador de Lay's— al sur. El círculo se cierra río abajo. En la zona del embalse de Alicurá, donde se emplazan la represa y el puente Collón Curá sobre la Ruta Nacional 237, aparecen registros de propiedad de inmuebles ribereños vinculados a la Compañía de Tierras Sud Argentino S.A.U., la sociedad del grupo Benetton en Argentina”.

La denuncia política de estos movimientos puestos de relieve en el contexto del debate parlamentario por la ley de extranjerización, frenada momentáneamente por la movilización popular, correspondió a la ex diputada Nancy Parrilli:

“Aquí se va por la tierra y también por el agua. En el departamento de Collón Curá, que tiene un río muy importante que alimenta al Limay, también tenemos la represa de Alicurá. Están haciendo un triángulo entre diferentes empresas para hacer un gran reservorio de tierras para instalar los centros de datos para la Inteligencia Artificial con el desplazamiento de población. Tenemos el agua y el clima que necesitan”.

La represa Alicurá fue concesionada recientemente al Grupo Neuss, de estrecha vinculación con Santiago Caputo y todo el ecosistema mileista, previa transferencia a las provincias de Neuquén y Río Negro la potestad de cobrar regalías por el agua. La balcanización de los recursos naturales al palo.

Alicurá es una de las represas que se encuentran bajo la fiscalización del Organismo Regulador de Seguridad de Presas. Desde el 7 de marzo de 2024, el Comando Sur de los Estados Unidos puso una pata en esta infraestructura –y en otras 31 presas– a partir del Memorándum firmado entre la USACE y el ORSEP.

El Parlamento del Mercosur indaga

“El 60% del litio del mundo está en Argentina, Bolivia, Chile; tenemos el 31% del agua dulce del mundo en esta región; con ese inventario, a Estados Unidos le queda mucho por hacer; esta región importa, por eso debemos empezar nuestro juego”, había dicho la generala de cuatro estrellas Laura Richardson en enero de 2023.

Ese 7 de marzo de 2024, la administración Milei ratificó primero el Memorándum de Entendimiento para la gobernanza de la Vía Navegable Troncal (VNT) rubricado entre el Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos –la pata civil del Comando Sur– y la ex Administración General de Puertos; el otro acuerdo fue entre la USACE y la ORSEP, firmado por Adriano Borus, titular del área desde 2020.

La traza de la Vía Navegable Troncal que atraviesa la Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia coincide geográficamente con las reservas de agua dulce del Acuífero Guaraní. Sobre el acuífero se encuentran las represas Itaipú, ente binacional paraguayo-brasileño, y Yacyretá, bajo control argentino-paraguayo. También la represa de Salto Grande, compartida con Uruguay.

A partir de la firma del Memorándum entre la USACE y el ORSEP, el parlamentario del Mercosur Gabriel Fucks presentó un proyecto con una serie de pedidos de información que serán requeridos al Gobierno nacional en la próxima sesión del organismo supranacional. La firma de la iniciativa estuvo acompañada por Franco Metaza, Gustavo Arrieta, Cecilia Nicolini, Ricardo Branda y Raúl Bittel. Fucks es titular de la comisión de Asuntos Económicos de la que depende una subcomisión vinculada a la Vía Navegable Troncal.

Según Fucks, la existencia de represas binacionales, cuencas compartidas y recursos hídricos transfronterizos determina que las decisiones adoptadas por un Estado Parte que puedan presentar implicancias que excedan su jurisdicción nacional deberían ser informadas al resto de los países del bloque. Bajo esa premisa se presentó el proyecto para ser tratado en la próxima sesión del Parlamento del Mercosur.

El Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos fue el “responsable” de redactar el pliego de condiciones que luego se tradujo en los Memorándum de Entendimiento. Son entregados a su contraparte como acuerdos llave en mano. Así ocurrió con el Memorándum firmado con la AGP para el control sobre la Vía Navegable Troncal y con el ORSEP. Este último fue consignado solo en inglés. El organismo público obtuvo una copia en castellano recién el 15 de abril de 2024, un mes y siete días después de su firma original.

El planteo se fundamenta en que buena parte de los recursos hídricos y energéticos involucrados poseen carácter transfronterizo o se encuentran vinculados a obras compartidas entre países del Mercosur, por lo que cualquier decisión o acuerdo podría tener impacto más allá de las fronteras argentinas.

Mientras tanto, el tema suma tensión al debate sobre la administración de los recursos naturales estratégicos y el rol que deben tener los actores extranjeros en áreas sensibles para el desarrollo económico y la soberanía regional.

Fuente: Sebastián Premici / El Destape