Quiénes son los que compiten por la privatización de AySA

El Gobierno nacional puso en marcha el proceso de privatización de AySA y comenzó la disputa entre grupos privados interesados en quedarse con la empresa estatal que presta servicios de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La operación contempla la venta del 90% de las acciones actualmente en manos del Estado. 

La licitación prevé otorgar una concesión por 30 años para la operación del servicio en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios bonaerenses. Según estimaciones oficiales, la privatización podría representar ingresos cercanos a los 500 millones de dólares para el Gobierno nacional, que busca avanzar con su programa de desestatización de empresas públicas. 

Entre los nombres que comenzaron a sonar aparecen grandes operadores internacionales de agua y saneamiento con experiencia en América Latina y Europa. Una de las compañías mencionadas es la francesa Suez, que ya administró el servicio durante la etapa de Aguas Argentinas en la década del noventa, antes de la reestatización realizada en 2006. 

También existen expectativas sobre el interés de fondos de inversión internacionales y grupos empresarios ligados a infraestructura y servicios públicos. El pliego impulsado por el Ministerio de Economía establece que los oferentes deberán acreditar capacidad técnica, financiera y experiencia específica en operación de redes de agua y saneamiento. 

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el objetivo oficial es incorporar un “operador estratégico” que permita ampliar inversiones, modernizar la infraestructura y mejorar la calidad del servicio. El Gobierno sostiene además que busca reducir la participación estatal en empresas consideradas deficitarias. 

La privatización de AySA forma parte del paquete de empresas incluidas en la Ley Bases para avanzar en concesiones y ventas parciales o totales. Dentro de ese esquema también aparecen compañías como Intercargo, Enarsa, Belgrano Cargas y Corredores Viales.

Actualmente, AySA abastece a más de 14 millones de personas en el AMBA y representa una de las mayores operadoras de agua y saneamiento de América Latina. El nuevo esquema prevé que el Estado conserve la propiedad de la infraestructura, mientras el operador privado asuma la gestión, mantenimiento y expansión de la red.

El proceso reabrió además el debate político sobre la privatización de servicios esenciales. Desde sectores opositores y gremiales cuestionan la decisión oficial y recuerdan los problemas registrados durante la concesión privada de los años noventa, mientras el Ejecutivo asegura que el ingreso de capitales permitirá mejorar eficiencia y cobertura.