Santa Cruz frena la reforma de glaciares tras un amparo ambiental

Un fallo judicial encendió una nueva etapa de tensión en torno a la política ambiental nacional. Un juez federal de Río Gallegos resolvió suspender la aplicación en la provincia de Santa Cruz de la reforma a la ley de protección de glaciares, impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

La medida fue dictada por el magistrado Claudio Vázquez, quien hizo lugar a una acción de amparo ambiental presentada por autoridades del municipio de El Calafate. En su resolución, el juez ordenó al Estado nacional abstenerse de aplicar cualquier acto administrativo o decisión basada en la normativa recientemente modificada dentro del territorio santacruceño.

El fallo implica, en los hechos, un freno inmediato a la implementación de la reforma en una de las regiones más sensibles desde el punto de vista ambiental, donde se ubica el emblemático glaciar Perito Moreno, dentro del Parque Nacional Los Glaciares.

El eje del conflicto: minería y zonas periglaciales

La reforma aprobada por el Congreso el pasado 9 de abril introduce cambios sustanciales en la ley sancionada en 2010, considerada pionera en América Latina. El nuevo esquema otorga a las provincias la potestad de definir qué áreas periglaciales —zonas cercanas a los glaciares— pueden habilitarse para actividades productivas, especialmente la minería.

Desde el Gobierno nacional, la modificación fue defendida como una herramienta para impulsar el desarrollo económico, en un contexto de creciente interés inversor en sectores como el litio, el cobre y el oro. Según esta visión, no todas las áreas periglaciales cumplen funciones hídricas estratégicas, por lo que una evaluación “caso por caso” permitiría compatibilizar producción y ambiente.

Sin embargo, organizaciones ambientalistas y diversos sectores políticos cuestionaron duramente esta postura. Advierten que los glaciares y su entorno constituyen reservas fundamentales de agua dulce y que flexibilizar su protección puede generar daños irreversibles en esos ecosistemas.

Reacción local y planteo de inconstitucionalidad

El amparo presentado por el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante de El Calafate, acompañado por legisladores, plantea directamente la inconstitucionalidad de la reforma. Argumentan que la norma vulnera principios ambientales consagrados en la Constitución nacional, especialmente el derecho a un ambiente sano.

El fallo judicial, aunque de alcance provincial, marca un precedente relevante y abre la puerta a una disputa que podría escalar a instancias superiores.

Otro frente judicial y antecedentes clave

La controversia no se limita a la Patagonia. El Gobierno de La Pampa también presentó un amparo colectivo contra la reforma, pese a no contar con glaciares en su territorio. Su argumento se centra en la dependencia hídrica del río Colorado, cuyo origen está vinculado a zonas glaciares de la Cordillera de los Andes.

El escenario actual remite a un antecedente de peso: en 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la constitucionalidad de la ley de glaciares de 2010, tras una demanda impulsada por la empresa minera Barrick Gold y la provincia de San Juan.

En aquella sentencia, el máximo tribunal estableció que los glaciares y el ambiente periglacial son bienes públicos estratégicos y que, ante conflictos, deben prevalecer los derechos colectivos —como el acceso al agua— por sobre intereses individuales.

Un debate que recién comienza

La decisión del juez Vázquez no resuelve el conflicto de fondo, pero redefine el escenario político, ambiental y judicial. Con amparos en distintas provincias y posiciones enfrentadas entre desarrollo productivo y protección ambiental, la reforma de la ley de glaciares se encamina a una disputa de largo alcance.

Mientras tanto, en Santa Cruz, la normativa queda en suspenso, y el debate sobre el futuro de los recursos naturales vuelve a ocupar el centro de la agenda nacional.