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Una pareja dirigía una red de explotación sexual desde la cárcel
Walter Ayala y Alejandra Galván recibieron nuevas condenas tras admitir que continuaron explotando mujeres desde el penal de Villa Urquiza, en Tucumán.
POR REDACCIÓN
Walter Alfredo Ayala y Alejandra Beatriz Galván fueron condenados nuevamente por la Justicia federal luego de admitir que manejaban una red de explotación sexual desde la cárcel.
La investigación determinó que ambos continuaron organizando actividades vinculadas a la trata de personas mientras Ayala permanecía detenido en la Unidad N°1 del Complejo Penitenciario de Villa Urquiza, en Tucumán. Los hechos ocurrieron entre diciembre de 2021 y abril de 2023.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán condenó a Ayala a 12 años de prisión y a Galván a 8 años, en el marco de un juicio abreviado donde reconocieron su responsabilidad en los hechos. Además, la jueza Carina Farías los declaró reincidentes.
La causa estableció que Ayala utilizaba teléfonos celulares no autorizados dentro del penal para mantener contacto con las víctimas y coordinar el funcionamiento de la red junto a Galván, quien operaba fuera de la prisión.
Según la investigación judicial, el hombre organizaba turnos, precios y movimientos de mujeres en departamentos de San Miguel de Tucumán. También controlaba publicaciones en sitios de oferta sexual, decidía los nombres falsos utilizados en los anuncios y supervisaba imágenes y videos para promocionar los servicios.
Durante los allanamientos realizados en la celda del condenado, los investigadores secuestraron celulares, registros de recaudación y anotaciones vinculadas a la actividad ilegal.
Galván, en tanto, tenía a su cargo la supervisión de los departamentos donde eran explotadas las víctimas, además del manejo del dinero y la coordinación de ingresos y reemplazos de mujeres.
La Justicia también ordenó una reparación económica de más de 130 millones de pesos destinada a ocho víctimas, monto calculado por daño moral, lucro cesante y ganancias obtenidas ilegalmente por la organización.
Ayala y Galván ya habían sido condenados en 2019 por captar y explotar sexualmente a mujeres en prostíbulos de Tucumán. En aquella causa, una de las víctimas era menor de edad y estaba embarazada.