El Gobierno reglamentó un régimen para fomentar empleo formal

El Gobierno nacional reglamentó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral mediante el Decreto 315/2026, con el objetivo de promover la incorporación de trabajadores al mercado formal a través de una reducción significativa en los costos laborales para las empresas.

La medida permitirá a los empleadores acceder a beneficios en las contribuciones patronales durante un período de hasta 48 meses por cada nueva contratación. El esquema regirá para relaciones laborales iniciadas entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027.

El régimen está dirigido a trabajadores que no hayan tenido empleo registrado al 10 de diciembre de 2025, que se encuentren desempleados al menos seis meses antes de ser contratados, que hayan sido monotributistas o que provengan del sector público. En estos casos, las empresas podrán abonar alícuotas reducidas de aportes, que se ubican entre el 2% y el 3%, muy por debajo del régimen general.

Entre los principales beneficios para los empleadores se destacan la reducción de contribuciones durante cuatro años, la posibilidad de incluir hasta el 80% de su nómina dentro del régimen y la continuidad de los beneficios incluso si el trabajador cuenta con otros ingresos. Esto implica un menor costo laboral al momento de incorporar nuevos empleados.

Para los trabajadores, el esquema garantiza el acceso a empleo formal con aportes a la seguridad social, inclusión en el sistema previsional, cobertura de asignaciones familiares y acceso al sistema de salud. Además, podrán mantener ingresos adicionales, como actividades independientes, sin perder las ventajas del régimen.

El decreto también fija límites para evitar abusos. Las empresas no podrán superar el 80% de su plantilla bajo este esquema y deberán cumplir con los requisitos establecidos. En caso de incumplimientos, perderán los beneficios y deberán abonar las contribuciones adeudadas con intereses y posibles sanciones.

La implementación y el control estarán a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, mientras que el Ministerio de Capital Humano coordinará la articulación con programas sociales para asegurar la continuidad de prestaciones cuando corresponda.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca reducir la informalidad laboral mediante incentivos económicos al sector privado. Sin embargo, el régimen también genera interrogantes sobre su impacto en el financiamiento del sistema previsional y sobre posibles efectos en la dinámica del mercado laboral.