El IPV detectó cerca de 400 casas deshabitadas y avanza con revocaciones

En San Juan, la posibilidad de acceder a una vivienda propia es una meta compartida por miles de personas, pero el uso indebido de las propiedades entregadas por el Estado genera preocupación. El Instituto Provincial de la Vivienda intensificó desde 2025 sus operativos de control en todos los departamentos para identificar irregularidades tanto en barrios tradicionales como en los recién inaugurados.

Al describir la gravedad de la situación, la directora Elina Peralta explicó en radio Sarmiento que "se detectaron más de 300 casas deshabitadas a través de denuncias, hoy tenemos focalizadas entre 300 y 400" en relación a los inmuebles que permanecen vacíos.

Para agilizar la recuperación de estos hogares, el organismo diseñó un equipo de seguimiento que evita que los expedientes se detengan en la burocracia estatal. Este esfuerzo permitió avanzar en 100 casos, de los cuales 40 viviendas ya cuentan con revocaciones en su primera instancia legal. La meta es reincorporar estas unidades a los sorteos públicos, brindando una respuesta a los casi 100.000 sanjuaninos que aguardan una oportunidad en el padrón oficial.

Durante las inspecciones se descubrieron diversas estrategias de los adjudicatarios para aparentar que viven en el lugar, como colocar muebles o realizar pequeñas ampliaciones para tomar fotos engañosas. Sin embargo, el cruce de datos con los registros de servicios públicos revela la verdad detrás de las fachadas cerradas.

Peralta señaló que muchas veces descubren que "el medidor tiene cero consumo", lo que constituye una prueba fundamental para las denuncias, a pesar de que los trámites pueden ser lentos por el derecho de defensa de los involucrados.

La funcionaria enfatizó la necesidad de una ley provincial que permita acortar los tiempos de la justicia para disponer de las casas con mayor celeridad. Consideró esencial que los legisladores aporten herramientas para frenar los engaños y garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente lo necesitan.

Mientras se resuelven estas causas, el organismo también trabaja en la reactivación del programa Procrear para sortear departamentos destinados a la clase media, utilizando el bolillero de la Caja de Acción Social para asegurar la transparencia.

La sostenibilidad de este plan de viviendas depende hoy exclusivamente del esfuerzo provincial. La directora recordó que "El sistema del IPV es un sistema solidario y ya no depende de fondos nacionales", lo que obliga a la provincia a autofinanciarse para seguir construyendo.

En este contexto, preocupa que la morosidad en el pago de las cuotas alcance el 50%, por lo cual se iniciaron intimaciones rigurosa hacia familias con ingresos suficientes que no cumplen con sus pagos. El objetivo final es fortalecer una cadena de favores donde el compromiso de los beneficiarios actuales financie el techo de las próximas familias.