Judiciales > Investigación abierta
El juez Lijo investiga quién pagó el viaje de Adorni a Punta del Este
La Justicia busca determinar quién financió el viaje del jefe de Gabinete a Punta del Este. Se investigan posibles vínculos con empresas privadas y si existió algún tipo de irregularidad o beneficio indebido
POR REDACCIÓN
El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de las empresas y personas que habrían financiado el viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este, en el marco de una investigación que busca determinar si hubo irregularidades en el pago del traslado.
La medida apunta principalmente a la firma IMHOUSE S.A., vinculada al periodista Marcelo Grandío, sobre la cual ahora la Justicia podrá acceder a sus movimientos financieros para establecer si tenía capacidad económica para costear el viaje y si existió algún vínculo con el funcionario.
El expediente se originó a partir de un pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien investiga si en el viaje, realizado durante febrero, pudo haberse configurado un delito, como dádivas o enriquecimiento ilícito.
En paralelo, Lijo solicitó al Gobierno nacional que informe si el viaje tuvo carácter oficial o si contó con algún tipo de autorización administrativa. El requerimiento incluye detalles sobre posibles viáticos, asignación de pasajes, comisiones de servicio o rendiciones de gastos vinculadas al traslado y la estadía.
La investigación también alcanza a otras personas involucradas en la operatoria, entre ellas un piloto corporativo que habría contratado un paquete de vuelos privados. Según consta en la causa, el vuelo de ida habría costado unos 4.830 dólares, mientras que el paquete completo, que incluía el regreso, supera los 42.000 dólares.
Además, el magistrado pidió información a organismos vinculados al aeropuerto de San Fernando y requirió documentación, registros y cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido del viaje y el circuito del dinero.
Con estas medidas, la Justicia busca esclarecer quién financió efectivamente el traslado del funcionario y si existió algún tipo de incompatibilidad o conflicto de intereses, en un caso que suma tensión política y mantiene bajo la lupa el vínculo entre funcionarios y empresas privadas.