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Los demandantes de YPF buscan cobrar los US$16000 millones pese a la decisión de EEUU
Los beneficiarios del juicio por la expropiación de YPF aseguraron que continuarán con su estrategia para cobrar la millonaria indemnización, pese a que la Justicia de Estados Unidos suspendió parte del proceso.
POR REDACCIÓN
Los fondos demandantes en el juicio por la expropiación de YPF ratificaron que avanzarán para cobrar la sentencia por US$16.000 millones, pese a la reciente decisión de la Justicia de Estados Unidos que suspendió parcialmente el proceso. Aseguran que el fallo no afecta el reclamo de fondo ni la posibilidad de ejecución de la indemnización.
La medida judicial dispuso frenar el denominado “discovery”, una instancia clave en la que los acreedores buscan identificar activos argentinos en el exterior que puedan ser embargados para hacer efectivo el cobro. Esta suspensión fue celebrada por el Gobierno argentino, pero cuestionada por los demandantes.
Desde los fondos Petersen y Eton Park, representados por Burford Capital, sostuvieron que la decisión solo afecta la presentación de pruebas posterior a la sentencia, pero no modifica la condena ni el proceso principal. “No afecta nuestra búsqueda de restitución”, indicaron.
En esa línea, remarcaron que continuarán con las acciones legales para cobrar la indemnización otorgada por la jueza de Nueva York, que responsabilizó al Estado argentino por incumplir el estatuto de la compañía durante la expropiación de 2012.
Especialistas explicaron que la suspensión alcanza únicamente a las medidas vinculadas a la búsqueda de bienes (como reservas, activos o propiedades) pero no detiene la apelación principal ni el reclamo económico. El proceso judicial sigue abierto y con múltiples frentes en distintos países.
El caso YPF se originó tras la estatización del 51% de la empresa en 2012, cuando el Estado argentino tomó control de las acciones que estaban en manos de Repsol. A partir de allí, accionistas minoritarios iniciaron demandas en Estados Unidos por considerar que no se respetaron las normas de adquisición establecidas.
Actualmente, la Argentina continúa apelando el fallo que la condena a pagar la millonaria suma, mientras los demandantes buscan avanzar en distintas jurisdicciones para lograr el cobro. La definición final del litigio aún depende de instancias judiciales superiores.