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Patricia Coria, de Eros, dejó el penal y cumplirá la condena con prisión domiciliaria
La empresaria y maquilladora condenada por regentear el prostíbulo vip “Eros For Men” obtuvo el beneficio por problemas de salud. Permaneció detenida más de dos años y medio.
POR REDACCIÓN
Después de permanecer 2 años, 7 meses y 28 días detenida en el Servicio Penitenciario Provincial, Patricia Coria recuperó este martes la posibilidad de volver a su domicilio. La empresaria y maquilladora sanjuanina, condenada por promoción y facilitación de la prostitución en el denominado caso “Eros For Men”, recibió el beneficio de la prisión domiciliaria debido al deterioro de su estado de salud.
La medida fue resuelta por el juez Federico Zapata, titular del Juzgado de Ejecución Penal de Primera Nominación, durante una audiencia realizada este martes en Tribunales. Coria, de 63 años, continuará cumpliendo en su vivienda el resto de la condena de cuatro años de prisión efectiva que recibió en 2023.
El planteo fue realizado por su defensor, el abogado Franco Montes, quien argumentó que la mujer atraviesa un cuadro de profunda depresión y presenta un avance de Parkinson. Según trascendió, esos problemas fueron certificados por profesionales médicos del Servicio Penitenciario Provincial y por una junta médica del Poder Judicial, situación que llevó a que la fiscalía no se opusiera al pedido.
La resolución judicial también tuvo en cuenta que Coria ya cumplió los dos tercios de la pena, requisito que la coloca en condiciones de acceder a beneficios previstos en el régimen de ejecución penal.
El caso que conmocionó a San Juan
La causa conocida públicamente como “Caso Eros For Men” salió a la luz en mayo de 2022, luego de que una joven de 19 años denunciara en la UFI CAVIG que era obligada a ofrecer servicios sexuales a clientes en un local de estética y masajes ubicado sobre calle 25 de Mayo, en Capital.
La investigación apuntó rápidamente contra Patricia Coria, propietaria del establecimiento, y contra su hija Natalia Pablo. Durante la pesquisa declararon otras trabajadoras del lugar, quienes describieron un esquema en el que las dueñas retenían parte del dinero obtenido por los denominados “servicios especiales”.
En el local trabajaban alrededor de 14 mujeres de entre 19 y 30 años como masajistas y esteticistas. Los investigadores sospechaban que varias de ellas también mantenían encuentros sexuales con clientes a cambio de dinero.
La causa fue impulsada inicialmente por el fiscal Juan Manuel Gálvez, entonces integrante de la UFI CAVIG. Durante los allanamientos, los pesquisas encontraron registros de más de 100 clientes, con datos personales y modalidades de pago. Esa información nunca fue difundida oficialmente, aunque en aquel momento circularon versiones sobre la presencia de nombres vinculados a distintos ámbitos de la provincia.
La condena y la detención
El juicio oral se desarrolló durante nueve jornadas y concluyó el 3 de octubre de 2022. El tribunal integrado por los jueces Alberto Caballero, Gloria Verónica Chicón y María Gema Guerrero condenó a Patricia Coria a cuatro años de prisión efectiva por promoción y facilitación de la prostitución en concurso ideal con explotación económica de la prostitución.
En cambio, su hija Natalia Pablo fue absuelta.
Pese a la condena, Coria permaneció en libertad durante varios meses debido a distintas apelaciones presentadas por su defensa. El 21 de marzo de 2023, el Tribunal de Impugnación confirmó el fallo de primera instancia, aunque la defensa continuó presentando recursos judiciales.
Finalmente, el 28 de septiembre de 2023, la Justicia rechazó un nuevo planteo y ordenó su detención inmediata. Ese día fue trasladada al penal de Chimbas por efectivos de la brigada de la UFI CAVIG, donde permaneció alojada hasta este martes 26 de mayo de 2026.