Una sanjuanina fue acusada de falsificar firmas de jueces federales y estafar por $12 millones

Una mujer de 30 años fue detenida en San Juan, acusada de haber desplegado una maniobra de estafa que incluyó la falsificación de documentos judiciales y la promesa de cargos en organismos públicos. La imputada, identificada como Macarena Selene Cantero, habría recaudado más de $12 millones engañando al menos a tres personas con ofrecimientos laborales inexistentes en la Justicia Federal y Provincial.

Según la investigación encabezada por el fiscal Eduardo Gallastegui junto a la ayudante fiscal Gabriela Blanco, la acusada se presentaba como integrante del Poder Judicial con el objetivo de generar confianza en sus víctimas. Para sostener la maniobra, elaboraba documentación apócrifa que simulaba resoluciones oficiales y avales institucionales.

De acuerdo con la acusación, Cantero confeccionaba archivos digitales con apariencia formal que incluían firmas falsificadas de autoridades judiciales nacionales y magistrados locales. Estos documentos eran utilizados para respaldar las supuestas ofertas laborales y dar verosimilitud a los planteos realizados ante las víctimas.

El mecanismo consistía en solicitar pagos iniciales para garantizar el ingreso a los cargos ofrecidos. Posteriormente, la imputada requería nuevas sumas de dinero bajo distintos argumentos, como modificaciones salariales o cambios administrativos, lo que permitía sostener la maniobra en el tiempo.

Las víctimas y el perjuicio económico

Entre los hechos investigados, una de las denunciantes habría transferido cerca de $7.000.000 luego de recibir la promesa de un puesto en la Justicia Federal. Las transferencias se realizaron de manera escalonada, en el marco de una relación previa de confianza con la acusada.

Otra víctima entregó más de $4.500.000 tras haber sido contactada a través de redes sociales, donde la imputada simulaba ejercer como profesional del derecho. En ese caso, los pagos incluyeron dinero en efectivo y transferencias bancarias.

Un tercer hecho involucra a una persona que transfirió más de $3.000.000 tras recibir una propuesta laboral similar. Con el paso del tiempo, comenzaron las sospechas sobre la veracidad de los ofrecimientos, lo que derivó en el reclamo del dinero.

El certificado falso que agravó la causa

La situación procesal de la imputada se agravó tras la presentación de un certificado odontológico para justificar su ausencia en una audiencia judicial. El documento fue posteriormente desconocido por el profesional al que se le atribuía la firma, lo que permitió establecer su falsedad.

Este elemento derivó en la incorporación del delito de falsificación de documento privado, sumándose a las imputaciones por defraudación. La maniobra quedó así ampliada a distintos tipos de engaño y utilización de documentación adulterada.

Resolución judicial y avance de la investigación

En la audiencia de formalización, el juez de Garantías Diego Sanz resolvió imputar a Cantero por defraudación por engaño en tres hechos, en concurso con falsificación de documento privado. También se dispuso la inhibición general de bienes por el plazo de un año.

Asimismo, se dictó prisión preventiva por siete meses bajo la modalidad domiciliaria, en función de las condiciones personales de la imputada. La investigación penal preparatoria se extenderá durante un año, período en el que se continuará con la recolección de pruebas y la verificación de posibles nuevos casos vinculados a la maniobra.