Abogados rechazaron el planteo de Confias que señala a los jueces

La polémica entre jueces y fiscales por el rol de las víctimas en los acuerdos penales sumó un nuevo capítulo. Los abogados sanjuaninos Marcelo Sandez Luján y Néstor “Roly” Olivera difundieron un informe público en el que cuestionaron la postura del Consejo de Fiscalías y Asesorías de San Juan (CONFIAS) y respaldaron la facultad de los magistrados para exigir la presencia de las víctimas en las audiencias fundamentándola en que cumplen con la ley.

El debate surgió a partir de una causa vinculada a una banda de “robarruedas”, en la que un juez de Garantías pidió que las personas damnificadas estuvieran presentes en una audiencia donde se analizaría un acuerdo de reparación integral. La fiscalía se opuso al planteo al considerar suficiente la conformidad escrita de las víctimas. Posteriormente, Confias emitió un comunicado en el que calificó esa exigencia judicial como un caso de “revictimización institucional”.

Frente a esa posición, los abogados sostuvieron que el nuevo Código Procesal Penal de San Juan amplió deliberadamente los derechos de las víctimas y les otorgó un papel activo dentro del proceso. En ese sentido, citaron el artículo 12 de la Ley 1851-O, que establece que toda disposición vinculada a la víctima debe interpretarse en beneficio de su participación efectiva.

“El nuevo código les da más derechos a las víctimas, no menos”, señalaron en el documento los abogados, donde además remarcaron que, ante cualquier duda sobre la intervención de una persona afectada por un delito, la interpretación debe favorecer su participación y no restringirla.

Los letrados también defendieron el rol de los magistrados en este tipo de procesos. “Los jueces no son buzones de los fiscales”, afirmaron, al sostener que la función judicial no se limita a convalidar acuerdos, sino a garantizar los derechos de todas las partes involucradas, incluidas las víctimas.

Además, cuestionaron el uso del concepto de revictimización. Según el informe, escuchar a una víctima antes de homologar un acuerdo no implica un perjuicio adicional, sino que fortalece su derecho a ser oída. Por el contrario, consideraron que la verdadera revictimización sería excluirla de decisiones que pueden impactar directamente en su situación.

Como solución al problema de las causas que se retrasan por la incomparecencia de los afectados, el informe propone garantizar la participación con protección mediante el uso de videoconferencias, acompañamiento psicológico y salas separadas, en lugar de optar por la exclusión de la víctima.

Finalmente, los abogados también apuntaron contra las Asesorías Oficiales por haber acompañado el documento de CONFIAS. Consideraron contradictorio que organismos destinados a proteger a sectores vulnerables respalden una postura que, según sostienen, limita la posibilidad de que las víctimas sean escuchadas por los jueces.