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Abuso a menor: un fallo de Casación confirmó el delito pero deja sin pena al acusado
La Cámara de Casación Penal de Mendoza confirmó la culpabilidad de un hombre que abusó sexualmente de una niña de 6 años, pero anuló la condena de 10 años de cárcel por un error técnico en la motivación del fallo original.
POR REDACCIÓN
La Cámara de Casación en lo Criminal en Mendoza decidió ratificar la culpabilidad de un hombre por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante contra una niña de 6 años, pero determinó que la pena de 10 años de prisión aplicada originalmente debe ser anulada y reformulada por un nuevo tribunal debido a una omisión técnica en la sentencia anterior.
El hombre, de 35 años, fue condenado en primera instancia por abusos reiterados cometidos contra la hija de su expareja, aprovechando la convivencia preexistente y su rol de encargado de la guarda. Los jueces de Casación confirmaron que existieron pruebas suficientes para sostener el delito, apoyándose en los relatos recogidos de familiares de la víctima y en informes periciales que detectaron signos de trauma derivados de los abusos.
Sin embargo, los magistrados consideraron que la sentencia original que fijó la pena de 10 años no evaluó adecuadamente las condiciones personales del condenado, como su historia de vida, hábitos laborales y factores personales relevantes para la dosificación de la pena, tal como exigen los artículos 40 y 41 del Código Penal. Debido a esa “carencia de motivación decisiva”, la pena fue anulada para que otro tribunal la reformule teniendo en cuenta esos aspectos.
La decisión de Casación no modifica la culpabilidad del agresor, sino únicamente la forma en que se determinará su pena, que deberá ser revisada y establecida por un nuevo tribunal designado por la Oficina Judicial de la propia Cámara.
El caso había generado impacto social por la edad de la víctima y la gravedad de los hechos, y ahora abre una nueva instancia judicial que buscará garantizar que la sanción sea proporcional y ajustada a derecho, sin que ello altere el reconocimiento de la responsabilidad penal del condenado.