Acusaron a un funcionario de Chaco de amenazar con fotos de femicidios

Un funcionario del Poder Judicial de Chaco quedó en el centro de una grave denuncia por violencia de género luego de que su expareja lo acusara de enviarle mensajes intimidatorios acompañados por fotografías de víctimas de femicidios. El caso generó fuerte conmoción en la provincia y derivó en una investigación judicial.

Según consta en la denuncia, la mujer aseguró haber sufrido reiteradas situaciones de hostigamiento, amenazas y violencia psicológica tras finalizar la relación con el acusado. Entre los mensajes que habría recibido aparecían imágenes explícitas de femicidios y textos intimidatorios que le provocaron temor por su integridad física.

La presentación judicial fue realizada ante organismos especializados en violencia de género y derivó en la intervención de la Justicia provincial, que ya dispuso medidas de restricción y protección para la denunciante mientras avanza la investigación.

De acuerdo con el relato de la víctima, las amenazas comenzaron después de la separación y fueron aumentando con el paso de las semanas. La mujer sostuvo además que el funcionario utilizaba su posición dentro del ámbito judicial para intimidarla y hacerle sentir que tenía “protección” institucional.

El caso tomó aún más repercusión debido a que el acusado ocupa un cargo dentro del sistema judicial chaqueño, situación que generó reclamos de organizaciones feministas y sectores vinculados a derechos humanos, que pidieron una investigación rápida y transparente.

Fuentes judiciales indicaron que ya se analizan teléfonos celulares, conversaciones y pruebas aportadas por la denunciante para determinar el alcance de las amenazas y la posible comisión de delitos vinculados a violencia de género, coacción y hostigamiento digital.

Desde distintos colectivos de mujeres remarcaron la gravedad simbólica de utilizar imágenes de femicidios como mecanismo de intimidación, al considerar que ese tipo de mensajes buscan generar terror psicológico y disciplinamiento sobre las víctimas.

Mientras tanto, el funcionario denunciado podría enfrentar sanciones administrativas dentro del Poder Judicial además de las consecuencias penales que surjan de la investigación en curso. Hasta el momento, no trascendió una declaración pública formal del acusado.

El caso vuelve a poner el foco sobre las denuncias de violencia de género dentro de estructuras estatales y judiciales, un tema que en los últimos años generó múltiples investigaciones y debates sobre mecanismos de prevención, control y protección para las víctimas.