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Bomberos voluntarios de San Juan piden por la aprobación de la ley provincial
Desde la organización provincial advierten la falta respaldo legal, cobertura social y reconocimiento para más de 350 voluntarios. Aseguran que el proyecto tiene apoyo político pero aún no avanza.
La Asociación de Bomberos Voluntarios de San Juan volvió a insistir en la necesidad de una ley provincial que regule su actividad y les otorgue respaldo social, legal y operativo, en un contexto donde aseguran que continúan postergados pese a los compromisos políticos.
El sargento Sergio Trigo, presidente de la organización, señaló que el principal reclamo no pasa por un salario, sino por derechos básicos como obra social, seguros y reconocimiento formal. “Lo que realmente necesitamos es la parte de la obra social y el reconocimiento. Si a alguno de los chicos le pasa algo, hay una familia detrás y hoy no sabemos qué va a suceder”, expresó.
Actualmente, San Juan es una de las pocas provincias del país que aún no cuenta con una ley específica para bomberos voluntarios, pese a tener entre 13 y 14 cuarteles operativos y más de 350 efectivos activos que cubren emergencias en distintos puntos del territorio.
Según explicó Trigo, si bien el proyecto cuenta con consenso tanto del oficialismo como de la oposición, todavía no fue tratado. “Hubo compromisos de legisladores y del vicegobernador, pero la parte ejecutiva no da el visto bueno. No queremos llevarnos mal con nadie, pero necesitamos respuestas”, afirmó.
El reclamo se apoya también en el rol clave que cumplen en emergencias. Como ejemplo, mencionó el incendio registrado el fin de semana pasado en una fábrica del Parque Industrial de Chimbas, donde trabajaron unas diez dotaciones entre bomberos voluntarios, personal del Cuartel Central y efectivos del Comando Urbano para contener las llamas.
La ley que impulsan contempla el reconocimiento de la actividad como carga pública, lo que evitaría sanciones laborales cuando deben asistir a emergencias. También incluye cobertura de seguros personales y de vehículos, acceso a obra social para bomberos y sus familias, y beneficios como puntaje para vivienda.
Además, propone la posibilidad de acceder a una pensión tras 25 años de servicio o al cumplir 50 años de edad, junto con la creación de un marco legal que establezca controles y exigencias bajo la órbita de Protección Civil.
Desde la organización remarcan que el costo de sostener este sistema es bajo en comparación con el beneficio que aporta al Estado. “Mantener una fuerza profesional puede costar miles de millones. Los bomberos voluntarios pedimos una fracción de eso y seguimos dando respuesta inmediata”, sostuvo Trigo.
El planteo vuelve a poner en agenda una deuda histórica con el sector, que continúa operando en toda la provincia sin un marco legal que respalde plenamente su tarea.