Branka Motors no tendrá otro acuerdo y los dueños seguirán presos

La Justicia revocó el acuerdo de reparación integral en la causa de Branka Motors y los imputados regresaron al Servicio Penitenciario Provincial con prisión preventiva. Así lo confirmó el fiscal de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, Guillermo Heredia, quien además ratificó que la investigación seguirá adelante tras el incumplimiento del convenio firmado en abril.

“No va a haber una nueva propuesta y tampoco otra posibilidad de acuerdo”, aseguró Heredia al explicar la postura de la fiscalía. El funcionario sostuvo que quedó acreditada “una reticencia absoluta” de los imputados para cumplir con el compromiso económico asumido con los damnificados, por lo que el Ministerio Público rechazará cualquier nueva alternativa para evitar el avance del proceso penal.

Según detalló el fiscal, la audiencia se realizó el viernes luego de que la Oficina de Medidas Alternativas informara que los acusados no habían pagado la primera cuota comprometida en el acuerdo de reparación integral homologado por la Justicia.

A partir de ese incumplimiento, la fiscalía pidió la revocación del convenio y solicitó nuevamente la prisión preventiva. La jueza de Garantías hizo lugar al planteo y ordenó que los imputados regresaran al penal por un plazo de cinco meses mientras continúa la investigación.

“El acuerdo fue revocado y los imputados volvieron al servicio penitenciario porque se acreditaron riesgos procesales dentro de la investigación”, explicó Heredia.

La postura de la fiscalía

Durante la audiencia, el fiscal remarcó que el problema no fue únicamente la falta de pago, sino también la conducta posterior de los acusados. Según indicó, no hubo pedidos de prórroga, documentación respaldatoria ni señales concretas que demostraran intención de cumplir.

“Un acuerdo puede incumplirse, pero lo que determina su continuidad es la conducta asumida por quien se obliga a reparar el daño”, expresó. Heredia insistió en que la fiscalía considera agotada cualquier instancia de negociación vinculada a una reparación económica dentro del expediente penal.

La investigación sigue abierta

La causa continuará en etapa investigativa mientras la UFI reúne nuevas pruebas para determinar el grado de responsabilidad penal de los acusados. El expediente investiga 356 hechos vinculados al presunto delito de defraudación por engaño.

El fiscal explicó que la escala penal prevista para ese delito va de un mes a seis años de prisión, aunque aclaró que el concurso real de hechos podría elevar considerablemente una eventual condena.

Además, confirmó que los bienes presentados como garantía en el acuerdo fueron embargados y que la fiscalía analiza insistir judicialmente para avanzar con la ejecución de esos inmuebles.