Carnet de mochilero y palomas: qué cambia la Ley Hojarasca

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto conocido como “Ley Hojarasca”, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que propone eliminar cerca de 70 leyes consideradas antiguas, sin aplicación práctica o superadas por normas más recientes.

El proyecto fue promovido por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, con el objetivo de reducir trámites, simplificar regulaciones y achicar estructuras burocráticas del Estado.

Entre las normas que el Ejecutivo busca derogar aparecen algunas que generaron repercusión por su antigüedad o particularidad. Una de ellas es la Ley N° 27.171, sancionada en 2015, que obligaba a registrar palomas mensajeras de carrera en un padrón nacional administrado por la Federación Colombófila Argentina.

Otra de las leyes incluidas en el paquete es la Ley N° 20.802 de 1974, que establecía un carnet obligatorio para mochileros que pidieran ayuda a terceros para trasladarse con fines turísticos. Según el Gobierno, esa norma habilitaba controles policiales incompatibles con el derecho a la libre circulación.

La iniciativa también apunta contra regulaciones vinculadas a tecnologías antiguas. Entre ellas figura la Ley N° 21.895, sancionada en 1978, que autorizaba las emisiones de televisión a color en Argentina. Para el Ejecutivo, mantener vigente esa autorización carece de sentido en el actual contexto tecnológico.

Además, el proyecto propone eliminar leyes relacionadas con la microfilmación en organismos públicos y militares, beneficios impositivos que ya no se aplican, premios estatales y organismos considerados innecesarios o sin actividad.

Entre los puntos destacados también aparece la derogación de normas que obligaban a medios estatales a emitir contenidos turísticos, beneficios especiales para artistas teatrales y exenciones vinculadas a industrias específicas.

Otro de los artículos propone dejar sin efecto la Ley N° 14.800 de 1959, que obligaba a reconstruir una sala teatral similar cuando se demolía un inmueble destinado a teatro.

Desde el Gobierno sostienen que muchas de estas normas “nunca fueron reglamentadas o quedaron en desuso”, por lo que forman parte de un entramado legal sin impacto real en la administración pública.

El proyecto continuará ahora su tratamiento en el Senado, donde deberá debatirse para definir si finalmente se convierte en ley.