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Cayó por comprar y distribuir pornografía infantil: pagaba en dólares
Un sanjuanino fue detenido e imputado por distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil. La Justicia ordenó prisión preventiva domiciliaria. Pagaba en dólares por contenido explícito de menores, según la investigación de una ONG de EE.UU. y la UFI de Delitos Informáticos.
Por Germán González
Un grave caso de pornografía infantil con alcance internacional sacudió a San Juan esta semana. Daniel Ramón Pino, un hombre con domicilio en Villa Aberastain, Pocito, fue detenido e imputado por la presunta comisión del delito de distribución y tenencia de representaciones de menores en actividades sexuales explícitas, en calidad de autor.
La investigación, a cargo de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, reveló que desde 2022 Pino realizaba pagos en dólares al exterior para acceder a material pornográfico infantil. Según los fiscales Eduardo Gallastegui y Maximiliano Yanzón, el dinero provenía de transferencias realizadas por su hijo residente en Estados Unidos. Correspondían a la jubilación que Pino obtuvo en aquel país por haber aportado durante años con su trabajo.
El acusado fue detectado por reiteradas suspensiones de su cuenta de WhatsApp —al menos siete bloqueos—, motivadas por compartir archivos con términos sensibles como “child” (niño). Tras cada bloqueo, cambiaba de número, lo que generó alertas que derivaron en una investigación profunda.
La causa se potenció cuando una ONG estadounidense dedicada a combatir la pornografía infantil denunció que Pino no solo consumía el contenido, sino que también lo distribuía, lo que llevó a ubicarlo como parte de una red con al menos seis personas involucradas.
En una audiencia de control de detención y formalización realizada en la Sala 9 del fuero penal, el juez Rodolfo Figuerola formalizó la causa y ordenó la prisión preventiva domiciliaria por tres meses. Pino cumplirá la medida en su departamento ubicado en Villa Aberastain, en Pocito. Además, se ordenaron rondas policiales aleatorias para controlar su cumplimiento.
El proceso penal continuará por un plazo inicial de ocho meses, mientras se profundiza la investigación sobre el alcance de la red de distribución de material de abuso infantil. El acusado enfrenta cargos graves contemplados en los artículos 128 y 45 del Código Penal.