Judiciales > Caso resonante
Chaco pidió el traslado federal del clan Sena, condenados por el femicidio de Cecilia
El Gobierno de Chaco formalizó el pedido para que César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuñ, condenados por el femicidio de Cecilia Strzyzowsk, sean trasladados a establecimientos del Servicio Penitenciario Federal.
POR REDACCIÓN
El Gobierno de la provincia del Chaco pidió formalmente que los integrantes del denominado clan Sena (César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña) cumplan sus condenas en cárceles federales del país. La solicitud fue confirmada por el ministro de Seguridad provincial, Hugo Matkovich, durante una conferencia de prensa este miércoles.
Los tres están condenados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, un caso de gran repercusión mediática y judicial en la Argentina. El pedido del Ejecutivo chaqueño fue elevado al Servicio Penitenciario Federal, aunque su concreción depende de dos condiciones clave: la disponibilidad de cupo en unidades federales y que los detenidos cumplan con los perfiles criminológicos exigidos para este tipo de traslado.
“Vamos a hacer lo que está a nuestro alcance para que estos delincuentes condenados vayan a las cárceles federales”, declaró Matkovich, marcando la postura de la provincia frente a la situación de los condenados.
La solicitud se dio a conocer en un contexto en el que César y Emerenciano Sena fueron recientemente trasladados al Complejo Penitenciario de Villa Barberán, donde comparten celda con medidas de aislamiento, luego de la fuga y recaptura de una reclusa que generó inquietud en el Servicio Penitenciario de Resistencia.
La petición del traslado del clan Sena a cárceles federales se suma a la expectativa por la audiencia de lectura de sentencia, fijada por la jueza Dolly Fernández para el 10 de febrero de 2026, en la que se darán a conocer oficialmente las penas que deberán cumplir los condenados y los colaboradores.
Este paso marca un nuevo capítulo en la causa que conmocionó a la provincia y al país, mientras las autoridades buscan asegurar que los responsables del femicidio cumplan sus condenas en un régimen federal.