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Código Penal reformado: policías protegidos y penas más altas para la corrupción
El nuevo Código Penal propuesto por el Gobierno argentino busca modernizar el sistema judicial con reformas clave que afectan tanto a la seguridad pública como a la lucha contra la corrupción.
POR REDACCIÓN
El Gobierno argentino presentó un nuevo Código Penal que abarca reformas significativas para endurecer las penas por diversos delitos, proteger a las fuerzas de seguridad y mejorar la lucha contra la corrupción. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, recibió el proyecto elaborado por un equipo de especialistas, y el presidente Javier Milei lo enviará al Congreso en las próximas sesiones ordinarias. Esta reforma, que actualiza una ley de 1921, propone cambios importantes en el sistema penal del país.
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Principales reformas
Una de las reformas más destacadas es la ampliación de las penas por delitos graves, como homicidios y abuso sexual, y la modificación de las condiciones de la libertad condicional. Los reincidentes y los condenados por delitos dolosos violentos no podrán acceder a este beneficio, mientras que aquellos condenados a prisión perpetua deberán cumplir al menos 35 años en prisión, con una pena de 40 años para los reincidentes.
Otra reforma importante es la relativa a la legítima defensa para los miembros de las fuerzas de seguridad. Se establece que no será punible el uso de armas por parte de policías en el cumplimiento de su deber, lo que refuerza su protección frente a situaciones de riesgo. Esto se complementa con la “presunción en favor de la autoridad pública”, garantizando que aquellos que actúan en cumplimiento de su cargo o deber no sean penalizados por sus acciones.
Nuevas modalidades delictivas y mayor castigo a barrabravas, piqueteros y ocupaciones
El nuevo Código Penal también introduce nuevas figuras delictivas, como el fraude informático y las estafas piramidales, con penas de hasta siete años de prisión en los casos más graves. La presunción de inocencia se amplía, pero los delitos relacionados con el fraude digital, incluidos aquellos perpetrados mediante inteligencia artificial, serán duramente sancionados.
Uno de los focos más sensibles de la reforma es la lucha contra los barrabravas, quienes verán aumentadas las penas por delitos como el robo de entradas, la violencia en los estadios y la corrupción en el ámbito deportivo. La nueva normativa también sanciona las conductas que impliquen la alteración de la seguridad en eventos masivos, y se establece un régimen penal específico para la prevención del dopaje.
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La iniciativa también aborda el conflicto social, considerando que los piqueteros y ocupas serán penalizados más severamente. Se tipifican como delitos las interrupciones de tránsito sin autorización del Estado, con penas de hasta tres años de prisión. Las usurpaciones de viviendas serán castigadas con multas de hasta 75 millones de pesos y condenas de entre tres y seis años.
Enfoque en la corrupción y el crimen organizado
En términos de corrupción, el nuevo proyecto de ley establece penas más severas para delitos como el cohecho, soborno trasnacional y enriquecimiento ilícito. Las penas para estos crímenes oscilarán entre 5 y 15 años de prisión, un aumento considerable respecto a la legislación actual. demás, se expande el concepto de enriquecimiento ilícito para incluir a titulares de obras sociales y otros sujetos obligados a presentar declaraciones patrimoniales.
La corrupción en el ámbito estatal será severamente castigada, con penas de inhabilitación de por vida para quienes cometan estos delitos, además de la posibilidad de decomisar bienes antes de la sentencia.
Delitos contra la seguridad pública y el orden internacional
El nuevo Código Penal también se ocupa de delitos contra la seguridad pública, como el robo de celulares, las salideras bancarias y las agresiones en manifestaciones públicas. Quien arroje objetos contra personas durante protestas o disturbios podría enfrentar una pena de prisión. Además, las ocupaciones de tierras serán más gravemente sancionadas, y los responsables de iniciar incendios forestales podrían enfrentar condenas de hasta 25 años si los hechos resultan en muertes.
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El proyecto también incorpora un Libro Tercero dedicado a los delitos contra el orden internacional, que incluye crímenes de lesa humanidad, genocidio y delitos de guerra. Las penas para estos crímenes se endurecerían, con un enfoque en el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado.