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Pedidos de informes: el justicialismo le pidió explicaciones a Orrego
Tras los requerimientos del orreguismo sobre la gestión de Uñac, el justicialismo replicó con solicitudes de informes dirigidas a tres ministerios clave del gobierno de Orrego: un acuerdo con Flybondi, una compra de kits escolares y el accionar sobre entidades civiles.
Por Gustavo Bruni
En un movimiento que pone en evidencia la disputa política en la Cámara de Diputados, el Interbloque Justicialista (conformado por los bloques Bloque Justicialista, San Juan Vuelve, Mejor Nosotros y Crecer) presentó el lunes tres pedidos de informe dirigidos al Poder Ejecutivo provincial. La iniciativa llegó exactamente una semana después de que el oficialismo, a través del Interbloque Cambia San Juan, hiciera lo propio solicitando detalles sobre los gastos durante el último tramo del gobierno de Sergio Uñac, en especial entre 2020–2023.
La presentación de los legisladores justicialistas representa, en los hechos, una suerte de contraataque institucional al oficialismo, que en los últimos días buscó instalar sospechas sobre el manejo de fondos públicos en la anterior administración. Ahora, el peronismo busca correr el velo sobre algunas acciones del actual gobierno liderado por Marcelo Orrego, en funciones desde diciembre de 2023.
El caso Flybondi
El primero de los pedidos de informe apunta directamente al Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia, que actualmente conduce Guido Romero. El foco está puesto en un convenio firmado con la aerolínea low cost Flybondi, mediante el cual, según denuncias públicas difundidas en el programa “Corrupción sin límites” por Canal 9 de Buenos Aires, el Gobierno de San Juan habría entregado 900.000 dólares a cambio de 13.000 pasajes con destino entre Buenos Aires y San Juan, a utilizar en un lapso de 18 meses.
Los legisladores recordaron que ese convenio fue ingresado a la Cámara de Diputados el 26 de septiembre de 2024 y girado a comisiones. Durante su tratamiento inicial, el Bloque Justicialista solicitó ampliar la información disponible. “En oportunidad de estudiar este proyecto en comisión, el Bloque Justicialista solicitó información que faltaba y, en consecuencia, peticionó postergar el estudio hasta tanto la misma fuera remitida”, indicaron en el texto presentado.
En esa línea, pidieron que el ministerio brinde respuestas concretas en un plazo de 10 días hábiles, entre ellas, una copia del convenio suscripto con Flybondi, los criterios técnicos y económicos que avalen dicha inversión, y las estimaciones de impacto turístico del acuerdo.
Kits escolares por contratación directa
El segundo pedido de informe, dirigido al Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, pone el foco en una compra de 30.000 kits escolares por un total de $685.200.000, adjudicada por contratación directa a José Nazareno Gazze, “una persona física jubilada, sin antecedentes de actividad comercial reciente”, según remarcaron los legisladores.
“La contratación fue realizada sin proceso licitatorio, a pesar de tratarse de una suma significativa de fondos públicos”, sostiene el documento.
Uno de los puntos más sensibles del planteo es la posibilidad de sobreprecios en la operación. “Los informes periodísticos indican un posible sobreprecio del 106% en la adquisición de los kits escolares”, advierte el texto, al tiempo que exige conocer los fundamentos por los cuales se optó por evitar una licitación pública y cuáles fueron los criterios de selección del proveedor.
Asociaciones civiles bajo la lupa
El tercer pedido de informe se dirigió al Ministerio de Gobierno y a la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ). En este caso, el Interbloque Justicialista solicitó información detallada sobre la política de intervención y normalización de asociaciones civiles y entidades intermedias, llevada adelante por el oficialismo desde su asunción.
Es que el orreguismo denunció en diciembre pasado que muchas de estas organizaciones estaban en situación irregular, con prórrogas de mandatos no justificadas y balances sin aprobación. Sin embargo, desde el Justicialismo advierten que el proceso de intervención podría tener un sesgo político con la intención de ganar estas instituciones para dirigentes del oficialismo.
En ese marco, los legisladores justicialistas exigieron un listado de entidades intervenidas, las resoluciones que justificaron las medidas, los informes técnicos que las acompañan, y el estado actual de cada proceso. También se requirió conocer si hubo designaciones de autoridades provisorias y bajo qué criterios se llevaron adelante.
La presentación de estos tres pedidos de informe se inscribe en una dinámica de creciente tensión entre el oficialismo y la oposición en la Legislatura provincial. La semana pasada, Cambia San Juan solicitó una auditoría profunda sobre los gastos ejecutados entre 2020 y 2023, con foco en la ejecución y financiamiento del Acueducto Gran Tulum, y las demandas judiciales contra la Provincia en el período mencionado, requerimientos de información sobre contrataciones directas de empresas proveedoras del Estado, obras públicas y adquisición de medicamentos.