El Estado Nacional puso en marcha el procedimiento de privatización de AYSA

Como un revival de la política menemista de los años ’90, el Gobierno de Milei abrió la puerta para la privatización del agua potable. A partir del modelo donde los recursos naturales no son para el bienestar de la población en general, sino como un bien de mercado, AySA replicará el derrumbe del servicio tal como ocurrió hace varias décadas atrás.

A través del decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial implica un recorte de derechos en el acceso al agua para más de 15 millones de habitantes y una pérdida de soberanía hídrica. 

Las claves del contrato que según la Casa Rosada busca “modernizar el sector, mejorar el precio y la calidad del servicio” y que podría derivar en cortes masivos del suministro, incluso a pesar de que se trata de un derecho humano universal ratificado por Naciones Unidas.

La privatización de AySA es un deseo de la administración libertaria desde que se hizo cargo del Estado en diciembre de 2023. La operación consiste en la venta del 90% de las acciones (el 10% restante pertenece a los trabajadores y es gestionado por los sindicatos del sector). El primer paso fue incluir a dicha empresa pública en el listado de activos estatales “sujetas a privatización o concesión” en la Ley Bases, luego con despidos de casi el 20% de la plantilla (de 7.800 a 6.200 trabajadores) y finalmente con el anuncio de la privatización que hizo Manuel Adorni en julio de 2025.

El derrotero de ajuste continuó con un DNU publicado casi un año atrás en el que autorizó a la empresa estatal a cortar el servicio a aquellos usuarios que adeuden dos boletas, en un contexto donde creció la mora en el pago de ese y otros servicios producto de la crisis económica: según un informe de la UBA y el Conicet sobre la evolución de la Canasta de Servicios Públicos, las tarifas de agua aumentaron 366% ciento en promedio entre diciembre de 2023 y marzo de 2026.

Los cortes del suministro estaban impedidos desde 2006, cuando la empresa fue estatizada luego de casi dos décadas en manos privadas. En 1993, el menemismo le entregó la concesión de la estatal Obras Sanitarias de la Nación a un consorcio integrado por la empresa francesa Suez Lyonnaise y la española Aguas de Barcelona, que operó bajo el nombre de Aguas Argentinas.

Con la nueva privatización, Argentina cambiará el paradigma al comenzar a considerar el agua como un bien de mercado sujeto a condiciones impuestas por la empresa privada a cargo de la concesión. El objetivo de Milei es que la concesión se extienda por 30 años hasta 2057 y recaudar unos 500 millones de dólares. Según trascendió, hay al menos tres empresas extranjeras interesadas: el grupo italiano ENI, la brasileña Sabesp y la francesa Veolia, que en 2022 compró Suez.

El agua en manos privadas

Pero a pesar de los beneficios y mejoras que prometía entonces el gobierno —con los mismos argumentos que utilizan hoy Milei y el ministro de Economía Luis Caputo— el modelo privado que operó durante 13 años no implicó ni una mejora en el servicio, ni la ampliación de la red ni grandes inversiones en infraestructura, claves en una región donde eran vitales.

En manos privadas, las facturas tuvieron aumentos descomunales en un período con nula inflación e incluso etapas de deflación durante el menemismo. Entre mayo de 1993 y enero de 2002 los precios de las tarifas de Aguas Argentinas ascendieron un 88,2 por ciento.

Pero además la empresa se llenó los bolsillos gracias a la revisión extraordinaria de tarifas, que le permitió saltar de una situación deficitaria a un superávit y facturaciones cercanas a los 350 millones de dólares, a pesar de que ganó la licitación con una oferta oportunista que ofrecía el mayor descuento para la tarifa base. Ni bien obtuvo el contrato, renegoció para impulsar aumentos.

La concesión finalizó en 2006, cuando el gobierno de Néstor Kirchner denunció falta de inversiones y deficiencias en el mantenimiento y expansión del sistema, y estatizó el servicio.

Pero las concesionarias impulsaron un juicio millonario contra el Estado, que se terminó de pagar en 2019. El CIADI condenó al país, que terminó pagando cerca de 380 millones de dólares a los exaccionistas de Aguas Argentinas.

Desde la estatización, la evolución de la población alcanzada por AySA fue en aumento, con una expansión de obras de infraestructura. En 2006, la población con acceso a agua potable alcanzaba a 11,3 millones, mientras que hoy alcanza a 15.103.199 (del 76 % al 85 % de cobertura), según registros oficiales. En acceso a cloacas, subió del 57 % al 72, 6 %.

Además, la privatización que impulsa Milei va a contramano de lo que han hecho países de la región para gestionar el agua. En América Latina, países como Uruguay, Bolivia y Ecuador prohibieron la participación privada de la prestación de servicios de agua y saneamiento. Sólo en Chile casi todo el proceso está en manos de capitales privados.

En Brasil la gestión es mixta, privada y pública, según cada municipio y estado, de acuerdo con un informe del BID publicado en 2021. En Argentina, AySA brinda el servicio a la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios que conforman el Gran Buenos Aires, un total de 3.384.642 usuarios residenciales y 349.754 no residenciales. En el resto del país, el servicio es estatal, aunque algunas provincias lo delegan en gobiernos municipales o cooperativas.

A finales de abril, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial la aprobación del contrato de concesión, que se extenderá por 30 años y regulará la provisión de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 25 municipios del Conurbano.

El modelo contractual a 30 años regula la provisión de agua potable y cloacas en Buenos Aires y 26 municipios, y establece obligaciones para garantizar la continuidad y calidad del servicio durante la transición al capital privado.