El Gobierno enviará los pliegos para privatizar AySA

El Gobierno nacional acelera el proceso de privatización de AySA y el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que este viernes se enviarán los pliegos para avanzar con la venta del 90% de las acciones de la compañía.

La medida forma parte del plan de reforma del Estado impulsado por la administración de Javier Milei y se enmarca dentro de las privatizaciones habilitadas por la Ley Bases. El objetivo oficial es transferir al sector privado la mayor parte del capital accionario de la empresa encargada del servicio de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Según trascendió, el esquema prevé una primera etapa en la que se buscará vender al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico que asuma el control operativo de la empresa. Posteriormente, el porcentaje restante podría colocarse en el mercado mediante oferta pública. El 10% del paquete accionario continuará en manos de los trabajadores bajo el programa de propiedad participada.

Desde el Gobierno sostienen que AySA funcionó durante años con fuerte dependencia de aportes estatales y que necesita inversiones millonarias para mejorar el servicio. Según datos oficiales citados en el proceso de privatización, entre 2006 y 2023 el Tesoro nacional transfirió más de US$13.000 millones para sostener el funcionamiento de la empresa.

El proceso será supervisado por el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, creada específicamente para avanzar con la reorganización y eventual venta de compañías estatales.

La privatización de AySA es una de las principales apuestas económicas del oficialismo para 2026 y se suma a otros planes de venta o concesión de empresas públicas estratégicas. En paralelo, el Gobierno busca fortalecer reservas y obtener financiamiento en medio de un exigente calendario de vencimientos de deuda.

La decisión ya genera debate político y sindical. Mientras el oficialismo sostiene que la apertura al capital privado permitirá mejorar eficiencia e inversiones, sectores opositores advierten sobre posibles aumentos tarifarios y cuestionan que un servicio esencial como el agua quede bajo control privado.