El Gobierno propone cambios a la Ley de Expropiaciones para cuidar la propiedad

El presidente Javier Milei anunció que el Gobierno envió al Congreso de la Nación un proyecto para reformar la Ley de Expropiaciones, luego del fallo histórico que favoreció a Argentina en el juicio por la expropiación de YPF.

En cadena nacional, el mandatario recordó que una resolución adversa habría implicado un pago de 18.000 millones de dólares y generó “un enorme obstáculo para la recuperación económica”. Según Milei, la estatización de 2012 dejó un “precio inconmensurable” en términos de riesgo país, tasas de interés y menor crecimiento económico.

“Independientemente de la pericia legal de nuestro equipo, hay una verdad irrefutable: expropiar está mal, porque robar está mal. Y quebrar este principio nos costó 12 años de falta de inversiones, menos empresas, menos trabajo, más pobreza y más indigencia”, expresó el Presidente.

El proyecto oficial busca restringir las expropiaciones a situaciones estrictamente excepcionales y aumentar las compensaciones económicas para quienes sean afectados. Según el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, la reforma aclara supuestos, condiciones e indemnizaciones, eliminando zonas grises de la ley 21.499.

Cambios clave en la reforma

• El valor del bien se calculará antes de cualquier alteración causada por la expropiación, incorporando el reconocimiento del lucro cesante.
• Se restringen las ocupaciones temporales anormales, que solo podrá ordenar el Poder Ejecutivo, con un máximo de 60 días, debidamente compensadas.
• La indemnización se pagará en efectivo salvo acuerdo con el expropiado y se actualizará con el IPC del Indec hasta el momento del pago.
• Se requerirán al menos dos valuaciones independientes, publicadas en sitios oficiales junto con la metodología utilizada.
• En empresas que cotizan en bolsa, se tomará el valor de las acciones antes de que se conozca la noticia de la expropiación.
• Las compensaciones no estarán sujetas a impuestos ni otras cargas.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, señaló que la reforma busca reducir la inseguridad jurídica que desalentó inversiones durante años y afectó la estabilidad de contratos, la generación de empleo y los derechos de propietarios e inquilinos.

Con esta iniciativa, el Gobierno apunta a garantizar que nunca más la propiedad privada pueda ser puesta en tela de juicio en Argentina, reforzando la protección legal y promoviendo inversiones sostenidas en sectores estratégicos del país.