Judiciales > 36 denuncias en su contra
Estafas con casas del IPV en el barrio UDA II: dos cooperativistas, imputados
Imputaron a dos referentes de una cooperativa por estafas con casas del IPV. Se trata del escándalo que se originó tras la entrega a medias de las viviendas del barrio UDA II, en Rawson, en noviembre de 2022.
POR REDACCIÓN
Este lunes, se llevó a cabo la audiencia de formalización contra Segundo Justo Salazar y Miguel Ceferino Aciar, presidente y ex presidente de la cooperativa "La Fraternidad Sanjuanina". Ambos fueron imputados por el delito de desbaratamiento de derechos acordados, tras ser denunciados por 36 familias que aseguran haber sido estafadas con la compra de carpetas para acceder a viviendas en el Barrio UDA II, en Rawson.
La audiencia fue presidida por el juez Eugenio Barbera. Ante el magistrado, el fiscal Nicolás Alvo solicitó una investigación preliminar de 12 meses, junto con varias medidas de coerción para los imputados. Entre estas se incluyen la promesa de no entorpecer la investigación, no contactar a los denunciantes, la prohibición de salir de la provincia o el país sin autorización, y la inhibición general de bienes. Cabe destacar que ni fiscalía ni la querella solicitaron prisión preventiva, y las defensas aceptaron todas las condiciones impuestas.
El conflicto tiene su origen en 2006, cuando comenzó la venta de carpetas para viviendas en el barrio UDA II. La cooperativa era propietaria del terreno, y en conjunto con el gremio Unión Docentes Argentinos (UDA), tramitaron el proyecto de viviendas ante el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), con la condición de que allí se construyeran las casas. A pesar de que el barrio fue entregado en noviembre de 2022 con solo 83 viviendas, la cooperativa vendió 140 carpetas, dejando a más de 57 familias fuera, aunque 36 decidieron llevar el caso a la justicia.
La querella, representada por los abogados Pablo Ávila y Natacha González, apoyó la postura de Fiscalía y solicitó avanzar en la investigación sobre el destino del dinero abonado por los damnificados. Las defensas de los imputados estuvieron a cargo de los abogados Francisco Quiroga (por Aciar) y María Celina Pandiela (por Salazar).