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Fin a los aportes obligatorios vitivinícolas y cierre del plan estratégico de la Coviar
El Ejecutivo avanzó con una medida que pone fin a las contribuciones obligatorias que financiaban a la Corporación Vitivinícola Argentina y abre una nueva etapa de desregulación en la actividad.
POR REDACCIÓN
A través del Boletín Oficial, el Gobierno a cargo de Javier Milei decidió emitir la resolución 55/2026 que dispone la eliminación del aporte obligatorio que las bodegas hacían a Coviar. La decisión se inscribe dentro de la política de desregulación económica impulsada por el Ejecutivo y redefine el financiamiento de la actividad vitivinícola en el país.
La Coviar, creada por la Ley 25.849, funcionaba como un organismo público-privado encargado de ejecutar el Plan Estratégico Vitivinícola y se financiaba, en gran parte, con aportes obligatorios de bodegas y productores. Ese esquema fue cuestionado durante años por distintos actores de la industria, que consideraban esos pagos como una carga impositiva que no siempre se traducía en beneficios concretos.
Desde el Gobierno argumentan que la eliminación de estas contribuciones apunta a terminar con mecanismos compulsivos de financiamiento y a que cada actor del sector gestione sus recursos de manera independiente. La medida también responde a una visión crítica sobre el rol de entidades intermedias y busca reducir estructuras consideradas innecesarias dentro del esquema productivo.
“Declárase cumplido el plazo del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI) previsto en la Ley N.º 25.849, incluyendo a su extensión parcialmente aprobada por la presente, disponiéndose su cierre formal en un plazo de TRES (3) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente medida”, dice el artículo tres de la resolución.
El siguiente artículo agrega: “Requiérase a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) a presentar, dentro del plazo establecido en el artículo precedente, un informe de cierre del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI), incluyendo su extensión, el cual deberá contener un rendimiento de cuentas completo y detallado, el detalle de las acciones ejecutadas, el grado de cumplimiento de los objetivos previstos, el estado de los recursos asignados y cualquier otra información relevante vinculada a su gestión, con su respectivo respaldo documental”.
El Gobierno también dispuso la transferencia de fondos al INV y le ordenó al mismo que cese en la recaudación de las contribuciones. Sobre estas indicó: “Establécese la finalización, a partir del dictado de la presente, de las contribuciones obligatorias previstas en el artículo 10, incisos a, b, c, d y e de la Ley N.º 25.849, así como también de cualquier otra fuente de financiamiento de origen público nacional del Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (PEVI)”.
El debate no es nuevo. En los últimos años, cámaras empresarias como Bodegas de Argentina habían rechazado el carácter obligatorio de los aportes e impulsado cambios en el sistema, mientras que otros sectores defendían la continuidad del organismo por su rol en la promoción, investigación y articulación de políticas de largo plazo.
La decisión genera posiciones encontradas. Por un lado, hay productores que apoyan el fin de las contribuciones al considerar que alivia costos en un contexto económico complejo. Por otro, entidades vinculadas a la actividad advierten que la desaparición del esquema puede dejar un vacío institucional y afectar la coordinación de estrategias para el desarrollo y la inserción internacional del vino argentino.
En provincias vitivinícolas como San Juan y Mendoza, el impacto se sigue de cerca. Mientras algunos sectores celebran la medida como un avance hacia la libertad económica, otros plantean incertidumbre sobre cómo se sostendrán en adelante las políticas de promoción y planificación estratégica de la actividad.