Miércoles 25 de Marzo
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Política > Oficial

Impiden el acceso a estadios a manifestantes contra la reforma laboral

La medida busca neutralizar riesgos en eventos deportivos masivos.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El gobierno de Milei extendió el alcance de las restricciones a eventos masivos en todo el país.

El gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles una medida que genera fuerte impacto en el ámbito social y deportivo: la prohibición de ingreso a estadios en todo el país a un grupo de manifestantes que participaron de las protestas contra la reforma laboral en febrero pasado. La decisión quedó plasmada en una serie de resoluciones publicadas hoy en el Boletín Oficial, bajo la firma de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.

La restricción de concurrencia se basa en informes elevados por la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos, fundamentando que la presencia de estas personas en espectáculos masivos podría representar situaciones de riesgo.

Alcance de la normativa

Según detalla la normativa de referencia, estas restricciones pueden adoptarse de manera independiente a cualquier sanción penal que los imputados enfrenten en la justicia. Cabe destacar que, desde marzo del año pasado, se endurecieron los protocolos de seguridad, permitiendo que la "lista negra" del fútbol incluya también a quienes incurran en conductas violentas durante manifestaciones públicas, sin importar que los hechos ocurran lejos de un campo de juego.

Esta ampliación de facultades es la que permitió al Ministerio de Seguridad actuar sobre lo sucedido en la Plaza del Congreso durante las sesiones extraordinarias, extendiendo el alcance de las restricciones a todo evento masivo por plazo indeterminado.

Justificación oficial

Para la cartera que conduce Monteoliva, la medida busca "reforzar la prevención de agresiones asociadas al fútbol", estableciendo un nexo entre el comportamiento en las protestas y la posible conducta en las tribunas.

Sin embargo, la medida también despierta críticas y suspicacias, ya que se aplica de manera unilateral por vía administrativa. Desde diversos sectores cuestionan que estas "penas" se basen en detenciones ocurridas durante desconcentraciones de marchas, donde muchas veces las pruebas de delitos específicos suelen ser escasas, funcionando más como una herramienta de disuasión para futuras movilizaciones.

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