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Imputaron a cuatro profesionales por presunto fraude contra la Obra Social Provincia
Tras la audiencia de formalización, la Justicia imputó a los propietarios de la Clínica Argentina de Rodeo y a dos médicos por presunta estafa contra la Obra Social Provincia.
POR REDACCIÓN
La investigación por presuntas maniobras fraudulentas contra la Obra Social Provincia (OSP) dio un paso clave en la Justicia sanjuanina. Tras la audiencia de formalización realizada el 18 de febrero, el juez Martín Peñafort hizo lugar al pedido del fiscal Gastón Salvio e imputó a cuatro acusados por el delito de estafa a la administración pública.
La causa se inició el 27 de marzo de 2025 a partir de una denuncia presentada por el interventor de la OSP, Rodolfo Fasoli, luego de que una auditoría interna detectara presuntas irregularidades en la facturación de consultas y prácticas médicas. Desde entonces, la Fiscalía avanzó con una extensa pesquisa preliminar que incluyó documentación administrativa, registros ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP), informes del Colegio Médico y declaraciones de afiliados.
Los imputados son los propietarios de la Clínica Argentina de Rodeo, en el departamento Iglesia —el bioquímico Pablo Olivares y Natalia Mateo— y los médicos Carlos Agüero (cirujano y urólogo) y Eduardo Leanis (médico clínico). Según la hipótesis fiscal, se habrían facturado prestaciones que los afiliados no solicitaron o que, incluso, habrían sido realizadas por profesionales que los pacientes aseguraron no conocer.
De acuerdo a fuentes judiciales, se investigan alrededor de 30 bonos de consulta y prácticas médicas correspondientes a hechos que datan de diciembre de 2021. Varios afiliados convocados por la Justicia manifestaron que las firmas y la letra que figuraban en los documentos no les pertenecían y que jamás se atendieron en ese establecimiento, pese a que las prácticas aparecían registradas a su nombre.
El fiscal Salvio aclaró que la formalización no implica un juicio de culpabilidad, sino el inicio formal de la Investigación Penal Preparatoria. “Se hace un relato de los hechos y se enumeran los elementos de convicción con los que cuenta el Ministerio Público Fiscal para esta etapa”, explicó.
La investigación, radicada en la Unidad Fiscal de Investigación Nº2 del Norte con competencia en Iglesia y Jáchal, tendrá un plazo inicial de un año, con posibilidad de prórroga por 180 días más, según lo resuelva el juez interviniente.
Por el momento, la única denuncia penal formal es la presentada por la OSP. No obstante, la causa continúa abierta y no se descarta que, a medida que avance el análisis de la prueba documental, puedan ampliarse las imputaciones o incorporarse nuevas figuras penales vinculadas a posibles adulteraciones o falsificaciones.
Con la formalización ya concretada, el expediente entra ahora en una etapa decisiva para determinar si existieron maniobras de fraude en perjuicio de fondos públicos del sistema de salud provincial y establecer eventuales responsabilidades penales.