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Investigan el vínculo entre el jefe del SPF y la empresa de alimentos para cárceles
Una causa judicial investiga presuntos vínculos entre el jefe del Servicio Penitenciario Federal y una empresa que provee alimentos a cárceles, en medio de sospechas sobre contrataciones y posibles irregularidades en la gestión de recursos.
POR REDACCIÓN
Una investigación judicial se encuentra en curso para determinar presuntos vínculos entre el jefe del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y una empresa proveedora de alimentos para establecimientos carcelarios, en un caso que avanza en la órbita de los tribunales federales y que generó repercusión política y mediática.
La pesquisa se originó a partir de denuncias y cruces de información que apuntan a una supuesta relación directa entre el funcionario —titular de la fuerza encargada de la administración de los penales— y la firma encargada de la provisión de comida para internos. Los investigadores analizan si esa vinculación pudo haber influido en adjudicaciones de contratos o en el manejo de recursos públicos destinados al rubro alimentario dentro del sistema penitenciario.
En el marco del expediente, los fiscales y peritos judiciales están evaluando documentación societaria, contratos y comunicaciones internas para establecer la naturaleza de la relación entre el jefe del SPF y la empresa cuestionada, así como los posibles beneficios que éste pudo haber obtenido en función de ese nexo.
Fuentes ligadas a la causa señalan que las pesquisas incluyen entrevistas a testigos, el análisis de movimientos financieros y el cruce de datos con otros organismos de control, con el objetivo de esclarecer si existieron irregularidades en la transparencia y legalidad de los procesos de contratación de alimentos para cárceles.
Hasta el momento, no se han formulado imputaciones formales contra el jefe del Servicio Penitenciario Federal ni contra directivos de la empresa proveedora, aunque la causa sigue su curso con medidas de prueba en curso y posibles citaciones futuras de personas involucradas.
La investigación abrió un debate sobre las condiciones de contratación de servicios esenciales en el sistema penitenciario, en un contexto en el que el abastecimiento y la calidad de la comida en cárceles ya había sido objeto de cuestionamientos por parte de organismos de derechos humanos y asociaciones civiles.
Abogados especializados en derecho administrativo y penal económico advierten que, de confirmarse vínculos impropios o beneficios indebidos, la causa podría derivar en cargas legales importantes para los responsables, incluyendo posibles delitos contra la administración pública.
Mientras tanto, desde el entorno del funcionario investigado sostienen que no hay nada irregular y que la relación con la empresa proveedora corresponde a procedimientos habituales dentro de la administración pública, aunque la causa judicial continuará aportando elementos que permitan dilucidar esos extremos.