El EPRE planteó condiciones para un suministro eléctrico coordinado de Vicuña

La audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) para analizar la infraestructura eléctrica que abastecerá al proyecto minero Josemaría dejó una señal contundente: ninguno de los organismos ni empresas participantes cuestionó el desarrollo de la mina, pero San Juan reclamó que la nueva demanda eléctrica asuma los costos que genera sobre una red que considera estratégica para el crecimiento de toda la provincia.

La discusión se dio en el marco del pedido de acceso y ampliación del sistema de transporte eléctrico presentado por Vicuña Argentina, empresa responsable del proyecto ubicado en Iglesia. La iniciativa contempla la construcción de una nueva estación transformadora en Chaparro, la ampliación de las estaciones Rodeo y Nueva San Juan y una línea de alta tensión de aproximadamente 167 kilómetros en 500 kV entre Rodeo y Chaparro.

Mientras Vicuña defendió la viabilidad técnica del proyecto y Transener respaldó las obras previstas, el foco del debate quedó puesto en los planteos realizados por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y por Naturgy San Juan.

La posición de San Juan

La exposición más firme estuvo a cargo de Roberto Ferrero, vicepresidente del EPRE, quien presentó una oposición formal al otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública solicitado para el proyecto.

Sin embargo, desde el inicio aclaró que la provincia no se opone al desarrollo minero.

"San Juan apoya la minería, exige el cumplimiento de la ley", fue el eje de la presentación realizada por el organismo regulador.

Ferrero sostuvo que la infraestructura eléctrica existente fue construida durante años con inversiones provinciales y aportes realizados por empresas y usuarios sanjuaninos. Según explicó, esa red permite garantizar el abastecimiento troncal de energía para las próximas décadas y constituye un activo estratégico para el desarrollo provincial.

En ese contexto, el EPRE argumentó que la llegada de una demanda de gran magnitud como la de Josemaría obliga a acelerar inversiones que originalmente estaban previstas para más adelante.

Entre ellas mencionó la ampliación de la Estación Transformadora Nueva San Juan, una obra actualmente en ejecución que duplicará su capacidad y que está siendo financiada exclusivamente con recursos provinciales.

Para el organismo, la nueva demanda minera debe internalizar esos costos y no trasladarlos a hogares, comercios e industrias de la provincia.

Dos condiciones para avanzar

Durante la audiencia, Ferrero explicó que la conformidad del EPRE está sujeta al cumplimiento de dos condiciones centrales.

La primera es la firma de los acuerdos previstos en la Ley Provincial 1181-A, mediante los cuales el proyecto minero deberá realizar aportes destinados a financiar infraestructura eléctrica y obras de mitigación asociadas a su demanda.

La segunda apunta a garantizar que la capacidad de transporte que exceda las necesidades propias de Josemaría quede disponible para otros emprendimientos mineros que puedan desarrollarse en el futuro.

Según la postura del organismo, el corredor eléctrico proyectado no debe transformarse en una infraestructura de uso exclusivo para Vicuña Argentina, sino mantenerse como una herramienta estratégica abierta para el crecimiento de toda la actividad minera provincial.

"La capacidad excedente debe quedar disponible para el resto de la minería", planteó el ente regulador.

Respaldo técnico a las obras

Desde Transener, el ingeniero Carlos García presentó el análisis técnico del proyecto y consideró viable la ampliación solicitada.

La empresa transportista detalló las obras previstas en las estaciones transformadoras Rodeo, Nueva San Juan y Chaparro, además de la construcción de la línea de 500 kV que permitirá abastecer al emprendimiento minero.

No obstante, solicitó incorporar equipamiento adicional, reactores de compensación, automatismos y estudios complementarios para garantizar la estabilidad del sistema.

La conclusión de la transportista fue favorable y sostuvo que la propuesta respeta los lineamientos técnicos exigidos para este tipo de desarrollos.

La preocupación por el abastecimiento

Por su parte, Naturgy San Juan expuso a través de Héctor Hugo Pérez y puso el foco en la seguridad del suministro eléctrico provincial.

La distribuidora advirtió que el corredor Mendoza-San Juan constituye hoy el principal vínculo de abastecimiento desde el Sistema Argentino de Interconexión y recordó que la crisis hídrica incrementó la dependencia provincial de esa infraestructura.

Demandas de los intendentes del Norte

Jorge Espejo (Iglesia) respaldó la inversión, pero denunció fallas en el servicio local, exigiendo mejoras en el circuito interno para garantizar el federalismo provincial. Por su parte, Matías Espejo (Jáchal) condicionó su apoyo al proyecto Josemaría a que se otorgue prioridad a trabajadores y proveedores locales, además de asegurar que el suministro minero no deteriore la calidad del servicio para los vecinos y productores.

Derechos históricos y reservas de potencia

Juan Pablo García (Minas Argentinas/Gualcamayo) exigió respetar la reserva de 30 MW para su operación, amparándose en la Ley Provincial 1181 y en las millonarias inversiones que la empresa realizó para financiar obras clave como la estación Huaco. En sintonía, Ariadna Rodríguez (Barrick) manifestó un apoyo general, pero reclamó proteger su derecho a 250 MW como "beneficiario iniciador" de la línea de 500 kV, obra a la que aportaron 55 millones de dólares.

El frente crítico y legal

La oposición más enérgica vino de Miguel Gil Pugliese (Andes Corp./Los Azules), quien calificó la resolución como un "atropello" basado en cálculos irreales y falta de auditoría del ENRE, denunciando que transferir un activo público por 25 años viola el acceso abierto. Sonia Delgado (Hualilán) también se opuso firmemente, señalando que la reserva otorgada a Vicuña duplica su demanda real y bloquea a otros usuarios legítimos como su mina, que tiene planes de conexión anteriores. Finalmente, el diputado Mario Herrero impugnó la medida por otorgar una "posición privilegiada" sobre infraestructura financiada con fondos públicos y por presentar discrepancias con el acuerdo ambiental original.

La defensa de la empresa peticionante

Adriel Rizzeto (Vicuña Argentina S.A.) pidió 5 minutos extra para defender el proyecto aclarando que la prioridad solicitada es sobre la "capacidad incremental" y no sobre la preexistente. Afirmó que la obra no cuesta nada al Estado, que la infraestructura pasará al SADI bajo control de Transener y que la empresa está dispuesta a celebrar acuerdos bajo leyes provinciales para asegurar que no se impida el acceso a otros interesados

En un mes, la resolución 

Tras la intervención de todos los expositores, las autoridades dieron por finalizada la audiencia pública, abriendo ahora un plazo de 30 días antes de que el Ente Regulador de Gas y Electricidad emita una resolución definitiva, Durante este período, se analizarán exhaustivamente las presentaciones realizadas y se podrán incorporar nuevos hechos al expediente antes del fallo final. La decisión resultante será comunicada oportunamente a todos los participantes que formaron parte de la jornada de debate