La Corte de Justicia revisará la causa de la científica del CONICET condenada por homicidio

El caso por la muerte de Marcelo José Amarfil, que mantuvo en vilo a la provincia durante meses, acaba de entrar en una etapa decisiva. El Tribunal de Impugnación resolvió dar lugar al Recurso de Casación presentado tanto por el Ministerio Público Fiscal como por la querella que representa a la familia de la víctima, permitiendo que la Corte de Justicia revise la sentencia dictada contra Luciana Bustos Sánchez, la científica del CONICET condenada por homicidio.

La resolución, firmada por los jueces Benedicto Correa, Juan Carlos Caballero Vidal y Eduardo Oscar Raed, no cuestiona la autoría del hecho, sino su encuadre legal. El eje del debate que ahora deberá dirimir la Corte se centra en si existió una incorrecta aplicación de la figura penal correspondiente, en particular respecto del homicidio agravado por el vínculo, una figura contemplada en el Código Penal que prevé la pena de prisión perpetua.

Durante toda la investigación, el fiscal Francisco Pizarro y su ayudante Gemma Cabrera sostuvieron que entre Bustos Sánchez y Amarfil existía una relación que justificaba la aplicación de ese agravante. Sin embargo, la sentencia dictada a fines de 2025 descartó esa posibilidad, lo que derivó en una condena menor que generó un fuerte impacto social y jurídico. La decisión del Tribunal de Impugnación fue interpretada por el entorno de la familia Amarfil como un paso clave. Consideran que ahora se abre la posibilidad de que el máximo tribunal provincial evalúe si la prueba fue valorada de manera restrictiva en la instancia anterior y si corresponde una recalificación del delito.

Luciana Bustos Sánchez, investigadora del CONICET, se convirtió en el centro de una controversia que trascendió lo judicial. Su condición de científica y la naturaleza del vínculo que la unía con la víctima alimentaron un debate público sobre los alcances de la ley penal, la prueba en contextos de relaciones personales complejas y el rol de la justicia ante crímenes cometidos en el ámbito de la intimidad. El caso, que desde sus inicios generó un fuerte impacto en la provincia, ahora promete convertirse en un precedente relevante en la jurisprudencia local.

Con esta resolución, se inicia una nueva fase procesal. Todas las partes deberán formalizar sus presentaciones ante la Corte, fijar domicilios legales y preparar los argumentos que sostendrán en esta instancia superior. Será allí donde se definirá si la sentencia vigente debe ser confirmada, modificada o anulada. En caso de que el máximo tribunal provincial acepte la postura de la fiscalía y la querella, Bustos Sánchez podría ver agravada su condena y enfrentar la prisión perpetua.

Mientras tanto, la científica permanece sujeta a las condiciones procesales actuales, a la espera de un fallo que podría marcar un hito en la historia judicial de San Juan. El desenlace de esta causa, que combina elementos trágicos, científicos y jurídicos, se perfila como uno de los acontecimientos judiciales más trascendentes del año en la provincia. La Corte de Justicia tiene ahora la palabra.