Política > Fallo histórico
Los fiscales Luciani y Mola pidieron la detención inmediata de Cristina Kirchner
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron la prisión inmediata de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y coimputados, argumentando que la condena de seis años es "insuficiente".
POR REDACCIÓN
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola presentaron este martes un pedido formal para la detención de Cristina Kirchner y otros condenados en la causa Vialidad, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificara la sentencia a seis años de prisión contra la exmandataria. La solicitud de detención también alcanza a Lázaro Báez, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, José López, Raúl Pavesi, Nelson Periotti, José Santibáñez y Juan Carlos Villafañe, todos ellos condenados en el mismo expediente.
Los funcionarios judiciales que participaron en el juicio recalcaron que la pena de seis años de prisión impuesta a la expresidenta resulta "insuficiente y desproporcionada" frente al "grave daño ocasionado". Recordaron que, tanto en los alegatos de acusación como en instancias posteriores, habían solicitado penas de 12 años de prisión para los principales responsables. Luciani y Mola expresaron su "convencimiento de que funcionó en el seno del Estado una auténtica asociación ilícita que creó, diseñó, proyectó y ejecutó un plan sistemático de corrupción".
El escrito de los fiscales detalla que "la finalidad delictiva de la asociación quedó demostrada: detraer los fondos del Estado para un beneficio particular o de un tercero". Subrayaron que el medio ilegal elegido para lograrlo fue la adjudicación de obras viales en Santa Cruz, "direccionando la obra pública de esa provincia en favor de Lázaro Báez, amigo del entonces presidente de la Nación (Néstor Kirchner) y socio comercial de este y su esposa en negocios y contratos privados obscenos". Añadieron que "todo esto se logró a partir de la propia acción de los condenados, que parasitaron los órganos de control".
Respecto a la ejecución inmediata de las condenas, Luciani y Mola argumentaron que la solicitan "con el fin de reafirmar la finalidad preventiva de la pena y de enviar un mensaje claro a la sociedad". En su requerimiento, Luciani, titular de la Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal, y Mola, fiscal general adjunto de la Procuración General de la Nación, enfatizaron que "el tribunal debe ordenar inmediatamente la detención de los culpables para que cumplan su pena y procurar, de manera urgente, la devolución del monto defraudado".
Asimismo, resaltaron que "la falta de reacción sancionatoria inmediata —es decir, la no ejecución de una pena que también estigmatice como incorrecto el comportamiento de las personas que han sido condenadas— podría llevar a percibir que las disposiciones de derecho interno y del sistema internacional enderezadas a prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción no rigen como pauta de conducta para los funcionarios públicos —o, al menos, para algunos de ellos—".
Los fiscales subrayaron que "los actos de corrupción como los aquí constatados tienen una fuerte incidencia negativa en la estructura del Estado democrático de derecho, la economía de un país y el sistema de la economía social de mercado". Advirtieron que, en particular, "provocan un daño social grave, dado que el dinero público que se desvía para financiar la corrupción reduce sensiblemente la capacidad del Estado para atender las necesidades básicas de la población en materia de salud, jubilaciones, asistencia social, infraestructura, educación, vivienda, trabajo y justicia".