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Milei disuelve la UTI que investigaba el caso $LIBRA
El gobierno nacional dio por concluida la tarea de la UTI, creada tras el colapso de la memecoin impulsada por el Presidente. No se difundieron informes oficiales, y la investigación judicial sigue abierta.
POR REDACCIÓN
El Gobierno nacional, a través del Decreto 332/2025 firmado por el presidenteJavier Milei y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, oficializó en la madrugada de este martes la disolución de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada para indagar el escándalo financiero derivado de la promoción y desplome de la criptomoneda $LIBRA.
De acuerdo al texto publicado en el Boletín Oficial, la UTI “dio cumplimiento a la tarea que le fuera encomendada” por el decreto 114/2025, y remitió toda la información recabada al Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, hasta el momento no se han difundido públicamente los resultados de dicha investigación, ni se ha identificado a los desarrolladores responsables del criptoactivo.
$LIBRA irrumpió en la agenda nacional el pasado 14 de febrero, cuando el propio presidente Milei la promocionó desde sus redes oficiales, provocando una súbita alza en su cotización. La criptomoneda pasó en cuestión de horas de valer centavos a superar los 5 dólares, impulsada por la especulación y el respaldo presidencial. Sin embargo, días después, el proyecto colapsó abruptamente. Los desarrolladores se retiraron sin explicación, y el token perdió prácticamente todo su valor, lo que generó pérdidas millonarias entre miles de inversores.
Ante la magnitud del caso, se multiplicaron las denuncias por presunto “rug pull” —una modalidad de estafa en el ámbito cripto en la que los creadores de un proyecto desaparecen tras captar fondos— y se conformó la UTI con especialistas en delitos financieros, activos virtuales y lavado de dinero. Su misión era determinar si hubo irregularidades o delitos en torno a la promoción oficial de $LIBRA.
Paralelamente, una demanda colectiva fue presentada en Estados Unidos, donde se acusa al presidente argentino de promoción engañosa y negligencia. Los querellantes sostienen que el respaldo explícito de Milei fue determinante para legitimar una inversión que resultó ruinosa.
A pesar del cierre de la unidad investigadora, fuentes judiciales confirmaron que la causa penal continúa en manos del Ministerio Público Fiscal, que analiza si existieron delitos económicos, conflictos de interés o vínculos entre los desarrolladores y funcionarios del actual gobierno.