Miércoles 03 de Junio
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Política > Boletín Oficial

Nación habilitó a talleres mecánicos particulares para hacer la RTO

El Gobierno nacional abrió el sistema a talleres privados, pero la aplicación final dependerá de cada provincia.

POR REDACCIÓN

Hace 5 horas

El Gobierno nacional oficializó una profunda modificación en el sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) al habilitar que talleres mecánicos particulares, concesionarias e importadores puedan realizar los controles vehiculares, siempre que cumplan con los requisitos técnicos establecidos y se inscriban en el nuevo Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos. La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial mediante la Resolución 32/2026.

La iniciativa surge de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. Según se informó, apunta a simplificar trámites, ampliar la oferta de servicios, garantizar las condiciones técnicas necesarias y mantener los estándares de seguridad vial dentro de un esquema más flexible y eficiente.

Desde el Gobierno sostuvieron que la reforma "reemplaza mecanismos cerrados, fragmentados y burocráticos por un modelo más simple, interoperable y previsible para quienes viven, trabajan y circulan en todo el territorio argentino". Además, remarcaron que busca modernizar el sistema y fomentar una mayor competencia entre los prestadores.

Con el nuevo esquema, las verificaciones de vehículos particulares, comerciales, de pasajeros, de carga, antiguos y especiales podrán realizarse en cualquiera de los establecimientos que integren el registro nacional. En la práctica, esto permitirá que los conductores puedan efectuar el control en su taller de confianza, siempre que el establecimiento esté debidamente habilitado.

La normativa también modifica los plazos de inspección. Para los vehículos particulares 0 kilómetro, la primera revisión será a los 5 años. En el caso de unidades de carga y pasajeros nuevas, el plazo máximo será de 12 meses. Luego, los vehículos particulares de hasta 10 años deberán revisarse cada 24 meses y los que superen esa antigüedad, cada 12 meses. Los vehículos destinados al transporte de pasajeros y cargas seguirán realizando controles anuales.

El Registro Nacional de Talleres funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Transporte, será público, gratuito y digital mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD). La inscripción se realizará a través de una declaración jurada y, si el Estado no responde dentro del plazo previsto, podrá activarse una habilitación provisoria automática, sujeta a controles posteriores.

Aunque la decisión nacional representa un cambio importante, en San Juan el impacto podría ser menor que en otras provincias. Esto se debe a que durante 2025 las autoridades provinciales ya habían anunciado su adhesión al esquema que permite realizar la RTO en talleres particulares habilitados y concesionarias oficiales que cumplan con las exigencias técnicas correspondientes.

Por ese motivo, la medida nacional aparece más como una consolidación de un camino ya iniciado que como una transformación repentina para la provincia. Si San Juan mantiene esa línea, podrían ampliarse los lugares disponibles para realizar la revisión, disminuir la concentración del servicio en pocas plantas verificadoras, reducirse los tiempos de espera y aumentar la competencia entre prestadores, con la posibilidad de que eso se refleje en menores costos para los usuarios.

De todos modos, la apertura del registro nacional no implica que cualquier taller sanjuanino pueda comenzar a realizar revisiones de manera inmediata. Los establecimientos deberán acreditar capacidad técnica, contar con responsables técnicos y cumplir los procedimientos exigidos por la normativa vigente. Además, la provincia deberá definir los mecanismos de control y la forma en que implementará el nuevo sistema dentro de su jurisdicción.

Así, desde el punto de vista legal y operativo, la decisión del Gobierno nacional fortalece una dirección que San Juan ya había manifestado acompañar. Más que una revolución normativa, representa un respaldo y una aceleración de un modelo que busca ampliar la oferta de servicios sin modificar las exigencias de seguridad vial.

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