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La investigación del acueducto Gran Tulum apuntaría a un posible delito
Fuentes judiciales señalaron que en las próximas horas pedirán una prórroga por 90 días y creen tener elementos para acreditar la posible existencia de un delito.
Por Marcos Ponce
La investigación judicial sobre presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum ingresó en una etapa decisiva. En las próximas horas, la jueza Mónica Lucero deberá fijar una audiencia para analizar el pedido de prórroga de 90 días que presentarán los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, ante el vencimiento del plazo inicial de pesquisa iniciado en diciembre.
En la UFI Delitos Especiales consideran que la evidencia acumulada hasta el momento permitiría sostener la posible existencia de un delito vinculado a la ejecución de la megaobra hídrica y avanzar hacia la apertura de la Instrucción Penal Preparatoria (IPP), instancia que marca el inicio formal de una investigación penal con responsabilidades más definidas.
Aunque la presentación no menciona nombres específicos, sí solicita investigar la “posible participación penalmente responsable” de funcionarios que integraron la gestión 2019-2023 del entonces gobernador Sergio Uñac.
Entre las pruebas más relevantes figura un informe técnico elaborado por Industrias Metalúrgicas Jaime el 24 de junio de 2020. El documento analiza el proceso de ensamblado por electrofusión de los caños de polietileno de alta densidad (PEAD) utilizados en la obra y contiene observaciones sobre los materiales empleados, los sistemas de resistencia, la metodología de instalación y los controles realizados.
A ese informe se suma una importante cantidad de documentación recopilada desde el inicio de la investigación. Los fiscales analizaron más de 90 cajas de expedientes provenientes de OSSE y distintas áreas del Gobierno provincial, además de pendrives con información del Ministerio de Infraestructura que continúan siendo peritados.
La magnitud del expediente llevó al fiscal General de la Corte, Guillermo Baigorrí, a reforzar el equipo de trabajo. A Gómez y Pizarro se sumaron otros dos fiscales y cuatro ayudantes fiscales dedicados exclusivamente al análisis de la documentación vinculada al proceso licitatorio y la ejecución del Acueducto Gran Tulum.
La investigación también busca establecer el impacto económico derivado del retiro de aproximadamente 10 kilómetros de cañerías instaladas. Desde el Gobierno provincial estiman que la pérdida ronda los US$50 millones. La obra había sido licitada por cerca de US$200 millones y financiada en partes iguales con préstamos internacionales provenientes de Kuwait y Australia y aportes del Estado nacional.
Según trascendió, los trabajos iniciales se realizaron con fondos nacionales y fueron destinados a la instalación de los caños que posteriormente debieron ser removidos tras detectarse inconvenientes que hoy forman parte de la causa.
La medida investigativa más importante se realizó el 10 de marzo de 2026, cuando fiscales, peritos, Policía Científica y operadores de drones inspeccionaron el trazado del acueducto desde el Dique Punta Negra hasta la planta potabilizadora de OSSE en Marquesado para contrastar la documentación técnica con las condiciones reales de la obra.
En Tribunales descuentan que la jueza Lucero hará lugar a la prórroga solicitada. Mientras tanto, los investigadores continúan analizando pruebas con una hipótesis cada vez más firme: que existen elementos suficientes para sostener la posible configuración de un delito penal vinculado al Acueducto Gran Tulum.
Dato
La audiencia para que los fiscales soliciten la prórroga se realizará este martes 9 de junio a las 14.15.