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Propuesta bloquista para combatir la burocracia administrativa
Los legisladores proponen reducir la mitad de los plazos máximos que establece el Estado provincial para resolver expedientes. La iniciativa ingresó para que sea tratado por la Cámara de Diputados.
POR REDACCIÓN
Los diputados provinciales Luis Rueda y Federico Rizo, ambos del bloque del Partido Bloquista, presentaron en mesa de entradas de la Legislatura Provincial, un proyecto de ley para la “Simplificación Administrativa y Agilización de Trámites”. Esta norma propone reducir a la mitad los plazos máximos de resolución del Estado, estableciendo como regla general un plazo de hasta 10 días hábiles para resolver los trámites en la administración pública.
La iniciativa se apoya en la ventanilla única electrónica (CiDi), el expediente digital como modalidad principal, la eliminación de requisitos innecesarios y la obligación de que los plazos sean claros y visibles para el ciudadano desde el inicio del trámite.
“El objetivo es simple: menos burocracia y que el Estado responda más rápido. Hoy la ley permite hasta 20 días; proponemos que el plazo sea de 10, con excepciones fundadas cuando el trámite lo requiera”, señalaron los autores.
Según lo redactado en el proyecto de ley, no se crea nuevas estructuras, ni tampoco se agregan costos adicionales, dado que se complementaría con la Ley de Procedimiento Administrativo vigente, con el propósito de “dar respuesta concreta y efectiva a un reclamo cotidiano de los sanjuaninos”.
Con esta iniciativa, los diputados bregan por modernizar la relación del ciudadano con la administración pública provincial aplicando criterios de razonabilidad y el aprovechamiento de los recursos tecnológicos digitales que cuenta el Estado.
Claves del proyecto
1. Plazos reducidos a la mitad
El cambio más fuerte impacta en el bolsillo del tiempo del ciudadano: el proyecto propone que el plazo máximo general para resolver trámites pase de los 20 días actuales a solo 10 días hábiles. Aunque contempla excepciones por complejidad técnica, estas deberán ser debidamente justificadas y notificadas al interesado.
2. Sanciones por ineficiencia
A diferencia de otras normas, este proyecto establece responsabilidades claras. El incumplimiento de los plazos o la falta de transparencia podría derivar en sanciones para los empleados y funcionarios intervinientes, que van desde apercibimientos hasta el descuento de haberes.
3. Prohibido pedir lo que ya se tiene
Uno de los puntos que más celebra el vecino común es la prohibición de solicitar documentación que ya obre en poder de cualquier organismo del Estado. La idea es que las reparticiones se comuniquen entre sí a través del Expediente Digital y la plataforma Ciudadano Digital (CiDi), que funcionará como Ventanilla Única Electrónica.
Finalmente, el proyecto invita al Poder Judicial, a los Municipios y a otros organismos como el Tribunal de Cuentas a adherirse a estos principios para que la agilización sea total en toda la provincia.