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Prórroga de cuatro meses para el empresario Gallerano por la estafa
Juan Mauricio Gallerano La Hoz debe completar obras en Pocito y Rivadavia para evitar el juicio por estafa reiterada.
POR REDACCIÓN
El juez Gerardo Fernández Caussi dispuso otorgar un plazo de 120 días a Juan Mauricio Gallerano La Hoz para que concrete las obras de urbanización y reparación integral destinadas a los damnificados de la megaestafa en la venta de lotes.
La resolución, emitida este 25 de diciembre, unifica una prórroga ordinaria de 90 días con una extraordinaria de 30 tras el pedido del defensor Franco Montes, quien acreditó que el socio de Héctor Andrés Storniolo ha cumplido con la presentación de informes bimestrales. El fiscal Eduardo Gallastegui, la ayudante fiscal Milena Berbari y los abogados querellantes consintieron la medida para agilizar el proceso de forma administrativa.
El compromiso asumido por Gallerano, quien estuvo detenido en el penal de Chimbas, implica finalizar infraestructuras en los barrios “Vistas del Sur I”, “Vistas del Sur II” (Pocito) y “Acacias Blancas” (Rivadavia). Las tareas abarcan desde redes de agua potable y electricidad hasta el enripiado de calles y la inscripción en el Registro Inmobiliario.
No obstante, el avance enfrenta retos técnicos y económicos: en “Vistas del Sur I” resta pagar 150 millones de pesos a OSSE por una bomba de agua, habiéndose completado solo dos de las cinco etapas necesarias para la subdivisión. Por su parte, “Acacias Blancas” requirió nuevos planos de mensura, lo que demoró las pruebas hidráulicas y eléctricas.
La causa judicial investiga maniobras realizadas a través de firmas como Casa Noble SRL, El Nido SRL, Tramonto SA, Índigo SA, Torum SA, Portalba SA, Masca SAS y Fiesole SA sobre un total de 19 barrios.
Además de las obras, el imputado debe “desinteresar” a quienes sufrieron ventas duplicadas mediante reubicaciones o respetando el orden de antigüedad de los contratos. Junto a Gallerano y Storniolo, se encuentran imputados Patricia Nacif, Diego Reta, Mariana Pérez Bedini, Federico Salinas, Ricardo Sánchez Montilla, Orlando Rueda, Adela Rueda y Rosa María del Valle Storniolo. De no cumplirse estrictamente lo pactado, se revocará el beneficio y se reiniciará el proceso penal por estafas reiteradas, que ya cuenta con más de 600 denuncias y un perjuicio de 2.700 millones de pesos.