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Detalle fino del proyecto de ley de proveedores mineros que entra a Diputados
La ley minera llegará la próxima semana a Diputados con objetivos de empleo local y prioridad para firmas sanjuaninas.
Por Marcos Ponce
El proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero ya pasó por su etapa de revisión final y la próxima semana ingresará formalmente a la Cámara de Diputados de San Juan para iniciar su tratamiento legislativo. La iniciativa incluye una serie de exigencias poco conocidas que buscan garantizar mayor participación de trabajadores y proveedores sanjuaninos dentro de la industria minera.
Entre los puntos más relevantes aparece la obligación de que las empresas mineras y sus contratistas avancen progresivamente hasta alcanzar un 80% de empleo local en toda la nómina vinculada al proyecto, incluyendo personal directo e indirecto.
La ley además fija una definición específica sobre quién podrá ser considerado “trabajador local”. El texto establece que deberán ser personas con domicilio real registrado en San Juan en el DNI con una antigüedad mínima de 12 meses y que, además, acrediten residencia efectiva en la provincia.
La normativa también diferencia entre trabajadores de comunidades de influencia minera y empleados del resto de la provincia. Esa clasificación deberá figurar obligatoriamente en los informes que presenten las compañías, junto a datos sobre categorías laborales, género y cantidad de empleados provenientes de otras provincias o del extranjero.
Otro aspecto clave del proyecto está relacionado con los proveedores locales. Para ser considerados como tales, las empresas deberán contar con domicilio legal, fiscal y operativo en San Juan, además de demostrar arraigo provincial.
En el caso de proveedores ubicados en departamentos considerados comunidades de influencia minera, deberán acreditar una antigüedad mínima de 24 meses. Para las empresas radicadas en el resto de San Juan, el requisito será de al menos 12 meses.
La ley también obliga a que esas firmas tengan un mínimo del 80% de trabajadores sanjuaninos en su plantilla laboral. Además, deberán acreditar cumplimiento tributario provincial y registrar en San Juan todos los vehículos afectados a la actividad minera.
Otro detalle fino es el orden de prioridad para las contrataciones. Primero deberán ser considerados proveedores de comunidades de influencia directa, luego empresas de influencia indirecta, después firmas del resto de San Juan, más tarde proveedores nacionales y finalmente extranjeros.
El proyecto también crea el Registro de Proveedores Mineros de San Juan (RE.PRO.MIN.), una base de datos oficial y pública que concentrará toda la información de empresas habilitadas para trabajar con el sector.
Además, las mineras deberán justificar técnicamente cuando no contraten proveedores sanjuaninos, explicando si la decisión se debió a precio, calidad o falta de disponibilidad local.
La iniciativa busca convertirse en una herramienta para aumentar el impacto económico de la minería dentro de San Juan y garantizar que una mayor parte del movimiento económico quede en la provincia y especialmente en los departamentos cercanos a los proyectos.