Buscan cambiar la ley para proteger adicionales de policías sancionados

Gobierno avanza con una reforma clave en el régimen disciplinario de la Policía de San Juan con un objetivo concreto: evitar que sanciones leves generen un impacto económico desproporcionado en los efectivos. La iniciativa apunta a modificar una norma vigente que hoy impide realizar servicios adicionales durante seis meses, incluso ante faltas menores.

El proyecto, identificado como expediente 648/26, propone cambios en el artículo 48 de la Ley Nº 298-R, que regula el sistema de sanciones dentro de la fuerza. La revisión surge tras un análisis interno del propio Ejecutivo, donde se detectó que la aplicación automática de ciertas penalidades produce efectos que exceden la gravedad de las faltas cometidas.

Actualmente, cualquier suspensión —incluso de un solo día— afecta a los adicionales, lo que implica, en los hechos, la pérdida de una parte importante de sus ingresos. “Hoy un agente de policía, por tener una sanción de un día de suspensión en adelante, no puede realizar adicionales por seis meses”, explicó el secretario de Seguridad, Enrique Delgado.

El problema no es solo disciplinario, sino también económico. Los adicionales representan un complemento habitual del salario policial, por lo que su interrupción prolongada afecta directamente el ingreso mensual. Según el diagnóstico oficial, esta situación no guarda proporción con sanciones leves o de corta duración.

“El análisis que hizo la Jefatura de Policía junto con su equipo, lo presentamos en la Secretaría de Seguridad y coincidimos que esa norma hay que modificarla”, agregó Delgado, marcando que la iniciativa surge de una revisión técnica dentro de la propia estructura policial.

En esa línea, el proyecto busca introducir criterios de razonabilidad y proporcionalidad. La idea es que no todas las faltas tengan el mismo impacto en los adicionales y que exista una relación más equilibrada entre la sanción y sus consecuencias.

El cambio central es claro: las sanciones leves dejarían de implicar automáticamente la prohibición de realizar adicionales. “La Cámara de Diputados tiene el proyecto y también ha coincidido que hoy, por faltas leves, no tenga la imposibilidad de realizar adicionales el efectivo”, sostuvo el funcionario.

Para los casos más graves, la restricción se mantendría, pero con plazos considerablemente más acotados. “En caso que tenga una sanción superior a 7 días, va a ser únicamente por 15 días la imposibilidad de realizar adicionales”, detalló Delgado.

Desde la conducción policial también respaldaron la modificación. El jefe de la Policía de San Juan, Néstor Álvarez, explicó a DIARIO HUARPE que el objetivo es evitar impactos económicos injustificados: “Es para no causar un perjuicio al personal policial cuando por una sanción leve estén muchos días sin poder hacer adicionales”.

En ese sentido, reforzó el espíritu de la iniciativa: “El espíritu de la modificatoria del reglamento de adicionales que se solicita es no causar un perjuicio económico al personal policial”.

Además del aspecto salarial, el cambio también tiene implicancias operativas. La inhabilitación prolongada reduce la disponibilidad de efectivos para cubrir servicios adicionales vinculados a tareas de seguridad, lo que puede afectar la capacidad de respuesta en determinadas áreas.

Con esta reforma, el Ejecutivo busca equilibrar la potestad disciplinaria del Estado con los derechos del personal policial, garantizando sanciones más justas sin afectar de manera excesiva los ingresos.

El proyecto ya se encuentra en la Cámara de Diputados y cuenta con respaldo político para avanzar. De aprobarse, implicará un cambio concreto en el esquema disciplinario y en la economía cotidiana de los efectivos.