San Juan descarta acciones legales y relativiza el reclamo de La Rioja

En medio de la creciente tensión institucional entre San Juan y La Rioja por el proyecto minero Vicuña y los planteos sobre límites interprovinciales, la mirada jurídica comienza a delinear con claridad el posicionamiento oficial. Desde la Fiscalía de Estado, el eje no está puesto en una escalada judicial, sino en la inexistencia —al menos por ahora— de un conflicto formal que requiera intervención en tribunales.

El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, habló en Radio Amanecer y fue categórico al señalar que la provincia no ha sido notificada de ninguna acción concreta que la obligue a litigar. “Por el momento no se está pensando en iniciar ningún tipo de acción. En primer lugar, porque a la Fiscalía de Estado de San Juan no le ha llegado ninguna notificación y comunicación formal que pueda involucrarla en un litigio”, afirmó.

Un conflicto que crece en lo político, pero no en lo judicial

El escenario actual muestra una clara disociación entre la intensidad política del conflicto y su desarrollo en el plano jurídico. Mientras desde La Rioja se impulsaron medidas judiciales y declaraciones públicas que cuestionan tanto el desarrollo del proyecto como los límites interprovinciales, desde San Juan se insiste en que no existe, hasta el momento, una controversia judicial formalizada entre ambas provincias.

En ese sentido, Dávila relativizó el alcance de los dichos del gobernador riojano: “Son dichos o solicitudes que tienen carácter mediático y no trascienden. Hasta el momento no ha habido ninguna acción judicial ni nada que se le parezca. Es más una cuestión de los medios”.

Esta lectura introduce un elemento clave en la evolución del conflicto: si bien hubo una resolución judicial en territorio riojano con impacto indirecto sobre la actividad minera, no se ha configurado un litigio interprovincial directo que active mecanismos institucionales más complejos, como una intervención de la Corte Suprema.

Límites provinciales: una cuestión “zanjada”

Uno de los puntos más sensibles del conflicto es la reaparición del debate sobre los límites entre ambas provincias. Sin embargo, desde la perspectiva jurídica de San Juan, ese tema no admite discusión.

“Bajo ningún concepto. No hay posibilidades. Eso está zanjado”, sostuvo Dávila, al referirse a la posibilidad de que La Rioja avance con un reclamo territorial. El fiscal explicó que existe “una confusión o una falta de información” en ese planteo, ya que los límites no solo fueron acordados en su momento, sino también ratificados por instancias institucionales posteriores.

“Esto va más allá de un acuerdo entre gobernadores en una época de facto. Hay normas democráticas que emergen del Congreso que han avalado aquel acuerdo”, precisó. Además, recordó que esos entendimientos fueron aprobados por las legislaturas provinciales, lo que les otorga plena validez jurídica.

En esa línea, reforzó el argumento de la vigencia normativa: “Hay una enorme cantidad de leyes dictadas en época de gobiernos de facto que aún siguen vigentes y mientras no haya ninguna norma que las revierta, siguen estando vigentes”.

La posición frente al desarrollo minero

El conflicto también tiene como telón de fondo la discusión sobre el impacto y los beneficios de la actividad minera en zonas cercanas a los límites provinciales. Consultado sobre la posibilidad de que una provincia reclame participación o compensaciones por la cercanía de un proyecto, Dávila evitó profundizar en hipótesis.

“Eso depende de las circunstancias. Si bien lo hemos estado analizando, como no nos ha llegado ninguna notificación, prefiero no emitir ningún tipo de hipótesis porque sería contraproducente”, explicó, marcando una postura prudente en un escenario aún abierto.

Tranquilidad institucional y ausencia de litigio

Más allá de la escalada política, la posición oficial de San Juan en el plano judicial se sostiene sobre un eje de tranquilidad institucional. Para la Fiscalía de Estado, no existen elementos que indiquen un riesgo concreto sobre la integridad territorial ni sobre la validez de los límites vigentes.

“No genera nada, más que por ahí tener que salir a responder cosas que ya son pasadas”, expresó Dávila respecto al conflicto. Y concluyó con una definición que sintetiza la postura jurídica de la provincia: “Tengo la tranquilidad absoluta de que esos límites ya están jurídicamente bien asentados como corresponde y no hay nada que hacer al respecto”.

Así, mientras el conflicto continúa escalando en el plano político y mediático, la estrategia judicial de San Juan se mantiene, por ahora, en la cautela y en la certeza de que no existe un litigio formal que modifique el escenario legal vigente.