Política > Por el "Pichi" Paredes
Seguridad dotará de cámaras a comisarías de zonas alejadas al Gran San Juan
El secretario de Seguridad confirmó que avanzan en la compra y pronta colocación de cámaras en las comisarías alejadas.
La muerte de Daniel Alberto "Pichi" Paredes en la Comisaría 12 de Valle Fértil derivará en un cambio concreto dentro del sistema de seguridad provincial. El secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, confirmó a DIARIO HUARPE que el Gobierno avanzará con la instalación de cámaras de vigilancia en dependencias policiales de departamentos alejados, una medida que busca evitar que vuelvan a repetirse situaciones en las que la ausencia de registros audiovisuales complique el esclarecimiento de hechos ocurridos bajo custodia estatal.
El anuncio llega dos meses después del fallecimiento de Paredes, ocurrido el 23 de abril, un caso que continúa bajo investigación y que quedó marcado por una dificultad central: la inexistencia de cámaras en el sector donde el hombre de 45 años fue hallado sin vida.
"Estamos trabajando con la Subsecretaría de Administración Financiera para obtener los recursos necesarios", explicó Delgado. Según indicó, el objetivo es priorizar aquellas dependencias ubicadas en departamentos alejados donde la infraestructura tecnológica resulta insuficiente o directamente inexistente.
Más tecnología para reforzar los controles
La falta de registros visuales en la Comisaría 12 se transformó en uno de los principales obstáculos para reconstruir con precisión lo ocurrido durante las horas previas a la muerte de Paredes. Frente a ese escenario, desde la Secretaría de Seguridad consideran necesario avanzar en la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan contar con evidencia objetiva ante situaciones críticas.
El proyecto apunta a reducir las brechas tecnológicas que todavía existen entre las dependencias policiales de la capital y las ubicadas en departamentos alejados. La incorporación de sistemas de videovigilancia forma parte de una estrategia orientada a fortalecer las capacidades de control y monitoreo del Estado, mediante herramientas que permitan generar registros objetivos y disponer de información en tiempo real ante situaciones críticas.
Desde Seguridad entienden que contar con evidencia audiovisual permanente no solo contribuye al esclarecimiento de hechos bajo investigación, sino que también aporta mayores niveles de transparencia institucional y respaldo para la actuación policial.
Delgado reconoció que actualmente existen sectores de la provincia donde la cobertura tecnológica es limitada y señaló que la intención es avanzar progresivamente para cerrar esas brechas.
Qué ocurrirá con los policías involucrados
Consultado sobre la situación del personal policial que se encontraba de servicio al momento del fallecimiento, el secretario explicó que por ahora no existen elementos suficientes para disponer sanciones o apartamientos preventivos.
Según detalló, la investigación transita por dos carriles paralelos. Por un lado, la causa judicial que encabeza el fiscal Francisco Pizarro. Por otro, el expediente administrativo que lleva adelante la Subsecretaría de Control de Gestión, organismo que tiene autonomía para determinar posibles responsabilidades dentro de la fuerza.
"Para tomar una medida de carácter urgente, los requisitos deben tener la entidad suficiente para que a simple vista haya una posible responsabilidad, lo cual no es este el caso por ahora", afirmó Delgado.
No obstante, aclaró que la evolución de la investigación judicial es seguida de cerca por las autoridades administrativas y que cualquier avance significativo podría derivar en medidas internas.
El reclamo de la familia
Mientras tanto, la familia de Daniel "Pichi" Paredes continúa reclamando que se profundice la investigación y sostiene que existieron irregularidades en la custodia del detenido.
El abogado querellante Marcelo Sandez solicitó formalmente la imputación de los policías que se encontraban de guardia por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. La defensa argumenta que el Estado tiene la obligación de garantizar la integridad física de toda persona privada de su libertad.
Los familiares también rechazan la hipótesis de suicidio y cuestionan distintos aspectos del procedimiento posterior al fallecimiento. Entre ellos, la entrega del cuerpo en un cajón cerrado, una situación que consideran llamativa y que alimentó sospechas sobre posibles signos de violencia.
Mientras la Justicia intenta determinar qué ocurrió dentro de la dependencia policial de Valle Fértil, el Gobierno provincial ya tomó una definición: avanzar con la instalación de cámaras de seguridad para que hechos de esta naturaleza cuenten, en el futuro, con registros que permitan reconstruir lo sucedido y despejar cualquier duda sobre la actuación de quienes tienen a su cargo la custodia de personas detenidas.