Un viaje no declarado a Aruba complica la situación judicial de Manuel Adorni

La investigación judicial contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas un nuevo foco: un presunto viaje al Caribe que no figura en los registros migratorios oficiales. El fiscal federal Gerardo Pollicita analiza información que indicaría que el funcionario habría pasado unos días en Aruba junto a su familia hacia fines de 2024.

Según fuentes judiciales, el dato aún no está formalmente incorporado al expediente, pero forma parte de las líneas de investigación abiertas en el marco de la causa por supuesto enriquecimiento ilícito. El informe de la Dirección Nacional de Migraciones no registra ese destino: en cambio, consigna un vuelo de ida a Perú y otro de regreso desde Ecuador, lo que abre interrogantes sobre la posible ruta real del viaje.

Nuevas medidas de prueba

La fiscalía avanza en una batería de medidas para reconstruir la situación patrimonial de Adorni. Entre ellas, se prevé tomar declaración testimonial a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien intervino en dos operaciones clave: la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito y la adquisición de una casa en un country en Exaltación de la Cruz.

El funcionario declaró haber comprado el inmueble de Caballito por 230.000 dólares, financiado en gran parte mediante un préstamo de 200.000 dólares otorgado por las propias vendedoras, un esquema que quedó respaldado con una hipoteca sobre la propiedad. Las acreedoras son dos mujeres de 64 y 72 años, cuyos perfiles también están bajo análisis.

La escribana, además, participó en la operación de la vivienda ubicada en el country Indio Cuá, adquirida a nombre de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, en noviembre de 2024. Antes de su declaración, el fiscal busca reunir documentación registral que permita precisar las condiciones de ambas transacciones.

Viajes bajo la lupa

El presunto viaje a Aruba se suma a otros desplazamientos recientes que generaron cuestionamientos, como una estadía en Punta del Este durante el último Carnaval, realizada en un vuelo privado, y un viaje previo a Nueva York. En declaraciones públicas, Adorni había defendido sus vacaciones, asegurando que no existían inconsistencias entre sus gastos y su patrimonio.

Sin embargo, los investigadores buscan determinar si estos movimientos pueden ser justificados con los ingresos declarados por el funcionario y su entorno familiar.

Etapa inicial y posibles derivaciones

La causa se encuentra en una fase preliminar, centrada en la recolección de evidencia documental. El proceso incluye requerimientos a organismos públicos, entidades financieras y registros patrimoniales, con el objetivo de reconstruir la evolución de los bienes del funcionario.

Un punto clave será el peritaje contable, que permitirá establecer si existen gastos o adquisiciones no respaldadas por ingresos legítimos. En este tipo de delitos, la legislación prevé la inversión de la carga de la prueba: es el propio funcionario quien debe demostrar la licitud de su patrimonio.

Si los resultados del análisis sostienen las sospechas, la fiscalía podría avanzar hacia un pedido de declaración indagatoria.

Impacto político

Mientras la investigación avanza, el Gobierno decidió sostener a Adorni en su cargo y reforzar su agenda institucional. En paralelo, el funcionario deberá presentarse el próximo 29 de abril ante el Congreso para brindar su informe anual, en un contexto de fuerte expectativa política: los legisladores anticipan miles de preguntas vinculadas, entre otros temas, a su situación patrimonial.

Por ahora, el expediente judicial continúa sumando elementos semana a semana, en un proceso que, por su complejidad técnica, podría extenderse durante varios meses antes de arrojar conclusiones definitivas.