Acusan a empresario de robar energía por $489 millones a Naturgy

Una compleja causa por robo de energía eléctrica y sustracción de transformadores en el departamento 25 de Mayo avanza en la Justicia con dos imputados y un perjuicio económico estimado en $489.000.000 para la empresa Naturgy. Uno de los acusados, el empresario brasileño Leginaldo De Oliveira, se defendió ante el juez asegurando que desconocía cualquier irregularidad: “Para mí estaba todo de diez”.

El caso también involucra a Enzo Sebastián Salinas, empleado de una subcontratista de la distribuidora eléctrica, señalado como quien habría ejecutado las maniobras para sustraer equipos y montar una conexión clandestina.

Audiencia y situación judicial

Ambos imputados fueron detenidos días atrás y este viernes comparecieron ante el juez de garantías Federico Rodríguez. La investigación es impulsada por la fiscal Claudia Salica y la ayudante fiscal Verónica Prividera, de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Salinas enfrenta cargos por encubrimiento agravado, hurto en grado de tentativa y defraudación en la administración de bienes ajenos. En su caso, el magistrado dispuso una detención de 45 días en comisaría mientras continúa la investigación.

Por su parte, De Oliveira fue imputado por encubrimiento por receptación y hurto de energía eléctrica. A diferencia del operario, recuperó la libertad bajo reglas de conducta, luego de que su defensa acreditara arraigo en el país, con propiedades y actividad empresarial en San Juan y Mendoza.

Cómo operaba la maniobra

Según la fiscalía, la investigación se inició el 25 de febrero tras la denuncia por la sustracción de un transformador. A partir de ese hecho, los pesquisas llegaron hasta una finca ubicada en Punta del Agua, propiedad del empresario brasileño.

En ese predio encontraron tres transformadores pertenecientes a Naturgy, que habían sido robados entre 2023 y 2024, además de un tendido eléctrico clandestino de más de 3.000 metros, conectado directamente a la red de media tensión.

El sistema incluía postes, cableado y otros materiales de la empresa, algunos extraídos de la red pública. La instalación abastecía de energía a la finca —principalmente para riego y extracción de agua— sin ningún tipo de medición ni autorización.

De acuerdo con las estimaciones, el consumo irregular durante los últimos cuatro años generó un perjuicio cercano a los $489 millones.

Roles y responsabilidades

Para los investigadores, Salinas habría sido el encargado de desviar los transformadores y montar la conexión ilegal aprovechando su rol en una empresa contratista. En tanto, sostienen que De Oliveira fue el beneficiario directo del sistema.

El propio empresario reconoció haber pagado $5 millones por cada transformador y otros $4 millones por el tendido eléctrico, aunque insistió en que creía que todo se realizaba dentro de la legalidad.

“Si cometí algún delito, lo cometí sin saberlo. No iba a poner en riesgo mi proyecto”, afirmó ante el juez. Sin embargo, no pudo explicar por qué no se registraban pagos por el consumo eléctrico ni por el uso de los equipos instalados en su propiedad.

Una causa en desarrollo

Como parte de las medidas dispuestas, la Justicia ordenó que no se retiren los transformadores ni el tendido eléctrico de la finca hasta que finalicen las pericias y se determine el origen de los materiales.

La investigación continúa en etapa preliminar y no se descarta que surjan nuevas imputaciones en una causa que combina robo de infraestructura, fraude y uso ilegal de energía a gran escala.