Afiliados de ex Iosfa buscan judicializar tras el abandono de las prestaciones

La dramática situación de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA, ex Iosfa) en San Juan llegó a un punto de no retorno y sus afiliados decidieron realizar un abrazo simbólico en la sede. Tras el intento de suicidio del suboficial Mayor Carlos Velázquez, quien se disparó en el pecho ante la desesperación de no recibir tratamiento para un cáncer avanzado en su ojo, los afectados anunciaron que el próximo paso será la judicialización masiva del conflicto para obligar al Estado Nacional a restablecer las prestaciones.

La medida surge ante la parálisis total de los servicios por una deuda nacional que supera los $240.000 millones y que mantiene a los prestadores locales sin cobrar desde hace meses. Ante esto, los afiliados no pueden atenderse en los distintos centros médicos debido a la falta de cobertura a nivel nacional. "La idea es judicializar esto. Ya no es la primera vez que denunciamos el mal manejo, pero ahora estamos hablando de vidas en riesgo", sentenció a DIARIO HUARPE el portavoz de los afiliados, Marcelo Pereyra Cuevas.

El caso Velázquez: el detonante de la demanda

El intento de quitarse la vida del suboficial retirado Velázquez será un antecedente clave en la presentación judicial. El militar necesitaba una cirugía reconstructiva urgente para que su ojo pudiera cerrar tras una operación previa, pero debido a la falta de cobertura no pudo concretar el tratamiento.

"Mirá a dónde llegó un camarada por la desesperación de no saber a dónde ir. Si nos pasa algo ahora, nadie sabe quién nos recibe. No tenemos dónde recurrir y por eso vamos a buscar el amparo de la Justicia", detalló Pereyra Cuevas.

Una vía legal ante el "incumplimiento" del DNU

El argumento jurídico de los afectados se basa en el propio Decreto 88/26, firmado por el Presidente de la Nación, Javier Milei. Según Pereyra Cuevas, el texto garantiza la "continuidad, integridad y calidad" de las prestaciones durante el periodo de transición, algo que en la práctica no ocurre.

"El DNU dice que el Ejecutivo instrumentará las medidas para cancelar los pasivos, pero todavía no hicieron nada. Un mes de espera para una persona con cáncer o diabetes es una eternidad. Estamos en un estado de abandono total por parte del Estado", explicó el referente durante el abrazo simbólico a la sede de Avenida Córdoba.

Contra la "ineptitud" administrativa

La judicialización no apunta contra la delegación sanjuanina, sino contra la cúpula nacional del Ministerio de Defensa. Los afiliados sostienen que, mientras se anuncian compras de equipamiento bélico, se descuida la salud de los 7.000 sanjuaninos (entre activos, retirados y pensionados) que aportan mensualmente.

"No estamos diciendo que se robaron la plata, estamos diciendo que son ineptos para manejar una obra social. Queremos que el ministro Petri tome cartas en el asunto porque para eso fue elegido", concluyó el vocero. En los próximos días, los asesores letrados de los retirados darán forma a los recursos de amparo para intentar frenar lo que califican como un "sentencia de muerte encubierta".